Si hay voladura de la empresa pública provincial Imelsa será controlada y con la carga explosiva justa para no causar más daños colaterales de los necesarios ni más gasto al erario público del imprescindible en la operación de saneamiento y limpieza de la diputación. En esas está el presidente provincial, Jorge Rodríguez, en el caso de que opte por liquidar la mercantil actualmente inmersa en una investigación judicial en el marco del caso Rus y por las adjudicaciones realizadas en la etapa en la que Marcos Benavent fue el gerente.
No obstante, el máximo responsable de la institución provincial explicó ayer a Levante-EMV que no hay una decisión tomada en el sentido de liquidar la sociedad pública, reestructurarla o vaciarla de contenido y transferir sus competencias (sobre todo las brigadas forestales) a otros departamentos de la diputación. «Lo que tenemos muy claro es que no vamos a cometer los errores del PP cuando decidió el cierre de RTVV después de arruinarla», sentenció el también alcalde de Ontinyent, en alusión al desembolso del Consell para ejecutar el ERE y para acometer el proceso de liquidación de la radiotelevisión pública todavía en marcha. Un daño al bolsillo del contribuyente y «a l os servicios públicos», agregó el presidente provincial, que considera fruto de haber actuado con improvisación. Antes de tomar medidas, de acuerdo con los socios de gobierno (Compromís, Esquerra Unida y València en Comú), explicó, esperará a contar con «una radiografía completa de la situación de Imelsa». En las actuales circunstancias y con el convenio que blinda al personal, como avanzó este diario, acometer un proceso de despidos para adelgazar la plantilla de casi 800 trabajadores supondría un coste «inasumible». En ese convenio se establece una indemnización de 33 días por año trabajado sin el tope de 24 meses fijado en la reforma laboral.
El nuevo equipo gestor de Imelsa, que comanda el gerente, José Ramón Tíller, está estudiando la forma de anular el convenio firmado por el exgerente Rafael Soler y el sindicato CSI·F, mayoritario en el comité, apenas 24 días antes de las elecciones y en el que prácticamente se blinda a la plantilla. La nueva dirección de la empresa está revisando buena parte de la contratación que sigue vigente para replantearla si procede en algunos casos.
Por otro lado, el portavoz de València en Comú, Roberto Jaramillo, hizo ayer balance de los dos primeros meses del nuevo gobierno, del que forma parte. «Los aires de cambio empiezan a soplar en la diputación con la entrada de València en Comú». El responsable de Transparencia explicó que ha llegado a la institución provincial «una nueva forma de hacer política» y que está trabajando en poner en marcha un área inédita.
