Las causas contra aforados abiertas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se han incrementado un 18% en un año, al pasar de 59 en 2013 a un total de 70 en el pasado ejercicio.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el fiscal superior de la Comunitat, Antonio Montabes, durante su intervención en la apertura del Año Judicial en la que ha realizado un resumen de los datos estadísticos más significativos de la Memoria de la Fiscalía de la autonomía del año 2015 relativa al ejercicio 2014.

También se recoge en la memoria la evolución de la criminalidad en determinados delitos y, al respecto, Montabes ha destacado que han disminuido un 22,5% las diligencias previas por delito contra la Administración Pública, y tan solo han aumentado las de prevaricación administrativa.

Así mismo, han bajado un 9% las diligencias incoadas por delito de lesiones y por delito contra las relaciones familiares; un 8% por delito contra el patrimonio; un 22% por robo con violencia o intimidación; un 14% por robo con fuerza y casi un 5% por hurto.

Por otro lado, las diligencias por delito contra la libertad sexual también han descendido un 6%; y un 2,6% por las distintas formas de homicidio. Únicamente se han incrementado un 4,5% las diligencias por delito contra la Administración de Justicia, donde han aumentado las incoadas por simulación de delito, quebrantamiento de condena o medida cautelar y por obstrucción a la justicia por incomparecencia.

Así mismo, y según consta en la memoria, se han registrado un total de 13.702 procedimientos matrimoniales, la mayoría de divorcio, de los que casi la mitad fueron de mutuo acuerdo; y el fiscal intervino, además, en procedimientos de filiación, de menores, sobre derechos fundamentales, sucesiones, jurisdicción voluntaria, de ejecución, cuestiones de competencia o protección de los consumidores, entre otros.

Los procesos relacionados con la capacidad de las personas y tutelas han aumentado un 13,5%; se hicieron 7.159 expedientes de internamiento y 1.922 de tutela y curatela. El fiscal también presentó 1.764 demandas de determinación de la capacidad --que aumentaron un 8,6%-- frente a las 1.296 presentadas por los particulares.

En violencia doméstica y de género, el número de procedimientos ha disminuido un 4%; en siniestralidad laboral se han incrementado un 17 % el número de causas y un 11% las DIP. Así mismo, en extranjería han aumentado un 36% los procedimientos judiciales incoados por delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, prostitución coactiva y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

Por otro lado, han disminuido más de un 2% los procedimientos sobre seguridad vial; y otro 21% las diligencias preliminares relativas a menores. Los expedientes de protección han aumentado casi un 10%.

En delitos informáticos, los procedimientos se han multiplicado por cuatro hasta los 494; mientras que en vigilancia penitenciaria, los expedientes han registrado un aumento del 22%. Por último, las diligencias previas por delitos económicos se han incrementado un 58%, la mayoría por defraudación tributaria, seguida de fraude contra la Seguridad Social, delito contable, fraude comunitario y fraude de subvenciones.