La reforma del Estatuto valenciano cuya tramitación avaló ayer el Congreso debería requerir para su entrada en vigor, si finalmente se logra la aprobación definitiva en la próxima legislatura, la ratificación posterior por los valencianos mediante referéndum. Al menos eso es lo que se había sostenido hasta ahora. La Cámara, sin embargo, está buscando la forma de eludir esta obligación por la vía de una «interpretación» legal del propio texto estatutario. La reforma de 2006 incorporó la obligación de referéndum para posteriores modificaciones, salvo aquellas que supongan un incremento de las competencias. Pues bien, los servicios jurídicos entienden que la petición de más recursos sería de mayor financiación y, por extensión, de más competencias. Así se esquivaría un requisito que, tras las generales, y ante la ausencia de más comicios en un horizonte próximo, tendría que sustanciarse en una convocatoria exclusiva. Ayer, el presidente de las Corts, Enric Morera, admitió que hay «interpretaciones» y un «debate jurídico» al respecto, y añadió que su opinión personal es que, «al tratarse de una reforma muy reducida, podría validarse sin tener que pasar por un referéndum». j. g. valencia