La anterior dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) gastó 50.820 euros en la defensa de los tres ex directivos imputados por el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas. La minuta abonada a las tres defensas, encargada a dos despachos privados de Valencia, sólo incluye las gestiones realizadas durante los seis primeros meses de su imputación, desde mayo hasta noviembre de 2014, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La causa sigue abierta y pendiente de la resolución de varios recursos de apelación ante la Audiencia de Valencia.
Los actuales responsables de FGV, por orden de la Conselleria de Obras Públicas, ya han comunicado a los tres ex directivos que no abonarán ninguna minuta más, tal como se comprometió la consellera Maria José Salvador, con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j).
Los tres ex directivos fueron imputados en un auto de la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia hecho público el 7 de mayo de 2014. Apenas unos días después de conocer su imputación, los tres afectados solicitaron a la empresa que asumiera su defensa.
Previsto en la normativa laboral
La normativa laboral de FGV así lo prevé. «En caso de accidente o incidentes en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, con motivo del servicio, por lo que se pueda imputar responsabilidad penal o civil de alguno de sus agentes, FGV se encargará, en todos sus trámites, de la defensa judicial de los agentes presuntos responsables o detenidos», según prevé el Plan de Empresa de 1998.
Sin embargo, la dirección de FGV denegó a los tres imputados la asistencia de los abogados de los servicios jurídicos de FGV «en base a las especiales circunstancias concurrentes». Sin embargo, no quedaron desamparados, ya que se ofreció a los tres imputados la posibilidad de recibir la asistencia letrada que ofrecía la aseguradora Zurich. La póliza de seguro suscrita por FGV prevé esta posibilidad y un gasto máximo de hasta un millón de euros para la defensa jurídica de los trabajadores afectados por una demanda judicial. Los tres imputados rechazaron la defensa conjunta que les ofrecía la compañía aseguradora «al entender que podría existir un conflicto de intereses entre los tres». De ahí que decidieran recurrir a dos despachos de abogados (Vicente Contreras y Francisco García Sigüenza recurrieron a la misma) y reclamar meses después a FGV la factura del coste de su defensa.
Los servicios jurídicos de FGV recomendaron en un informe de diciembre de 2014 abonar estas facturas ya que «cualquier acción que se formulase ante los tribunales de justicia con tal pretensión, tendría un alto porcentaje de posibilidades de ser estimada».
