La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio iniciará el próximo miércoles, 23 de septiembre, los trabajos de demolición de seis viviendas adosadas en la Isla de Tabarca (Alicante), cuya construcción contraviene la Ley de Costas al estar ubicadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
La actuación del gobierno valenciano, a través de la conselleria, se realizará tras el incumplimiento voluntario, por parte de los titulares de las viviendas, de dos sentencias y la autorización judicial de entrada en las viviendas.
Desde la Conselleria destacan que «la definitiva ejecución de la demolición de los bungalows contribuirá a restaurar los valores patrimoniales y ambientales de la Isla de Tabarca».
El anterior equipo de la Conselleria de Infraestructuras aplazó en octubre de 2014 sin fecha la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consistieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la Generalitat, que validó todos los pasos municipales.
Doce años después y pese a que el 15 de enero de 2013 los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, todo sigue igual. El tiempo pasa y se han producido actos de vandalismo como el robo de cables, marcos de ventanas y contadores de la luz el incendio de unas de las viviendas el pasado mes de abril. El problema es que no hay dinero para pagar las indemnización (en torno a 1,2 millones de euros) a los propietarios que compraron unas viviendas que se habían levantado con licencia municipal.
Los dueños esperan la resolución de un contencioso-administrativo en el TSJCV y de una reclamación patrimonial ante el Consell, al que piden dos millones de indemnización, ya que se sienten los principales perjudicados por un pleito entre Costas y la Generalitat. La licencia de obra y la cédula de habitabilidad y ocupación siguen en vigor, y las casas tienen luz y agua porque las compañías se han negado a cortarlas.
La sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El TSJ declaró las casas ilegales en 2003 y el Supremo lo ratificó en 2009.
