Sucede a veces que una práctica se convierte en costumbre hasta que un día alguien acude a los tribunales y un juez la declara ilegal, al menos en los términos en los que habitualmente se lleva a cabo. La Diputación de Valencia utiliza desde hace un cuarto de siglo las llamadas «encomiendas de gestión», según las cuales la institución provincial encarga a sus empresas públicas, la principal de ellas Imelsa, la gestión de servicios de recaudación tributaria, en materia catastral o las propias brigadas forestales.
La ley exige que esa transferencia de competencias, que se acuerda por el pleno provincial, ha de estar suficientemente motivada. Se ha de justificar que la diputación carece de los medios para llevar a cabo el servicio, se ha detallar en qué consiste y los recursos de los que dispone la empresa pública para prestarlo. El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 anuló la encomienda de gestión del servicio catastral que presta la diputación y que se cedió a Imelsa, así como el de servicios tributarios, tras un recurso presentado por el sindicato CC OO. El sindicato planteó la batalla judicial entre otras razones porque la encomienda a menudo se convierte en la puerta abierta a la privatización del servicio por parte de la empresa pública, que hace simplemente de intermediaria para la contratación con terceros.
En el fallo, el magistrado considera que la encomienda para la gestión catastral no se ajusta a derecho por inconcreción del «objeto» de esa transferencia. La sentencia subraya que hay «parquedad e indefinición evidentes». «No se establece con exactitud el contenido de la encomienda, lo que va unido a los términos vagos e inespecíficos a la hora de describir los servicios que podrían llevarse a cabo», agrega el fallo.
La resolución estima el recurso de CC OO presentado contra el acuerdo plenario de 24 de abril de 2012, por el que se ampliaba la encomienda de 15 de julio de 2009. La diputación gobernada por Alfonso Rus e Imelsa, entonces todavía controlada por Marcos Benavent, interpusieron sendos recursos de apelación todavía pendientes de ser resueltos por el TSJ valenciano. La nueva gerencia de Imelsa se plantea desistir de su iniciativa judicial, lo que significaría tener que aplicar la sentencia que sería firme.
El fallo judicial casa con la intención de los nuevos directivos de Imelsa de prescindir de la contrata privada del servicio de atención telefónica tributaria, el «call center» gestionado por la empresa Servimun. Una adjudicación que está siendo investigada por la Fiscalía en la macrocausa de la presunta trama de comisiones por la adjudicación de contratos en administraciones del PP.
