Casi como una jugada maestra de ajedrez, el PP ha hecho un movimiento que puede generar fricciones entre los socios del Consell, PSPV y Compromís. Los populares han rescatado el proyecto de ley de Iniciativa Legislativa Popular del anterior Consell, el último que se tramitó en la etapa Fabra y que decayó al agotarse la legislatura. Pero no se han limitado a tomarlo y presentarlo de nuevo por registro.

Han incorporado ya, directamente, aportaciones que defendió la actual vicepresidenta, Mònica Oltra, en la enmienda a la totalidad con texto alternativo que formuló. Tomándole a Oltra, por así decirlo, la palabra, los populares plantean que los ciudadanos puedan promover ILP para reformar los aspectos más sensibles del Estatuto de Autonomía, los contenidos en el Título I, que incluyen la definición del valenciano, la Senyera, la mención a Reino de Valencia o la configuración territorial, así como la organización institucional de la Generalitat (Título III), con cuestiones como el número de diputados o los entes estatutarios, entre ellos, la Acadèmia de la Llengua.

En la ley inicial, de 1993, pactada por PSPV y PP, se blindó el que el Estatuto de Autonomía quedara excluido entre las materias susceptibles de una iniciativa popular y, especialmente, las cuestiones identitarias del Título I, con la idea de evitar que la ILP fuera utilizada para azuzar desde la calle la división entre valencianos. El proyecto de ley de Fabra mantuvo ese blindaje sólo para los Títulos I y III. Oltra enmendó el texto para, desde la perspectiva de ampliar la participación, limitar las materias excluidas a la ley de presupuestos y a asuntos sobre los que las Corts no tienen competencias. Ahora el PP le recoge el guante y en su texto elimina el blindaje del Estatuto. Una ILP sobre el valenciano o la Acadèmia bien podría servir de as electoral en la manga del PP. «Estamos por ampliar la participación al máximo; podemos dar un paso de gigante y situarnos a la vanguardia de España», enfatizó ayer la diputada Elisa Díaz.

«No echar el trabajo por la borda»

Díaz también se mostró dispuesta a negociar con el actual Consell sobre otras ideas, como la posibilidad de que la población reclusa pueda presentar ILP, siempre que la condena no llevara aparejada la pérdida del derecho de sufragio. En cambio, no ven claro abrir esta vía a los inmigrantes en situación irregular. Fabra rebajó de 50.000 a 25.000 las firmas para impulsar una ILP. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, habla de 10.000. El PP está dispuesto a consensuarlo.

Alcaraz ha hablado de presentar una nueva ley desde cero, pero el exconseller Luis Santamaría insta al Ejecutivo a «no echar por la borda el trabajo hecho y se aproveche la ILP» de Fabra, que ya tenía todos los informes listos. «Ganaríamos un año», recalcó Santamaría.