La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas estudiará resarcir de oficio a las personas mayores y con discapacidad afectadas por la decisión del Gobierno anterior de introducir una tasa de copago a este sector en 2013.

Sin embargo, ha señalado que "el objetivo inicial del actual ejecutivo es actuar para solucionar el colapso de 44.000 personas dejado por el anterior ejecutivo pendientes de la resolución de expedientes y poder incorporar al máximo número de personas al sistema, así como la puesta al día en los pagos".

Asimismo, la intención del Gobierno valenciano es la eliminación del copago a partir del 1 de enero de 2016 mediante regulación en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del próximo ejercicio. Del mismo modo, la Generalitat, ha abonado dos meses de atrasos que el anterior Consell tenía pendientes desde el año 2012.

Otra de las medidas que ya ha aplicado el Gobierno valenciano en su primera reunión plenaria tras la toma de posesión fue la de dar orden a la Abogacía de la Generalitat para proceder a retirar el recurso de casación interpuesto por el anterior Consell ante el Tribunal Supremo como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el decreto de copago en la discapacidad que aplicó el antiguo gobierno.

Por su parte, las Plataformas de la Dependencia del País Valencià habían mostrado su «perplejidad» y «decepción» al conocer la intención inicial del gobierno valenciano de no devolver «de oficio» a las personas dependientes el copago que el TSJCV declaró «nulo de pleno derecho» el 7 de octubre de 2014.

Según han revelado, en una reunión mantenida por miembros de la Conselleria de Políticas Inclusivas con representantes de la discapacidad, la conselleria que dirige Mònica Oltra «solo devolverá el copago cobrado improcedentemente desde 2013 si lo ordena un juez, con lo que se continuará obligando a las personas discapacitadas y dependientes a judicializar sus derechos, algo que es totalmente inaceptable, por tratarse de personas la gran parte de ellas en situaciones extremas».

«Recordamos que la sentencia consideraba que dichos copagos se imponían a servicios que no son voluntarios sino objetivamente indispensables para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares porque se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles», argumentan.

Desde Plataformas de la Dependencia del País Valencià instan al gobierno valenciano a reconsiderar esta decisión. «Les recordamos sus compromisos de restaurar derechos», afirman. «Desde 2013 el copago vulnera, y sigue cada mes vulnerando los derechos de las personas dependientes que ven minoradas sus prestaciones, como consecuencia de un copago ilegal», sentencian.

El Consell derogará el copago y se ha puesto al día con los dependendientes, que sufrían retrasos en el pago de sus prestaciones.