El gerente de la empresa de lodos del caso Emarsa, Vicente Ros, y su esposa, Vicenta Fortuny, han sido condenados por el juzgado de lo penal número 10 de Valencia a dos años de prisión por un delito de de insolvencia punible.
Los hechos se remontan a 2010, cuando tras enterarse por los medios de comunicación de los procesos que se seguían contra Emarsa y la Emshi por supuestas irregularidades en los procesos de tratamiento de residuos, Ros y su esposa realizaron lo que el juez llama»operaciones patrimoniales que realizadas por los acusados dirigidas a eludir el pago de las eventuales responsabilidades civiles».
Esta investigación arrancó con la denuncia ante la Fiscalía de la existencia de facturaciones por servicios externos «a precios desorbitados» e incluso por servicios «aparentemente duplicados», especialmente el montante del grupo de empresas que facturaron por tratamiento y transporte de lodos producidos en la planta depuradora. Los hechos investigados se refieren a los servicios prestados por Notec SL para Emarsa entre 2008 y 2010, periodo en el que Vicente Ros era consejero delegado junto con José Luis Sena Gimeno, que en 2010 pasó a ser administrador único y miembro del consejo de administración de la sociedad.
El objeto de la empresa Notec, domiciliada en Alaquàs, era el tratamiento de toda clase de residuos sólidos urbanos, recogida, transporte, manipulación, reciclaje, conservación, almacenamiento y eliminación de basuras y residuos.
En relación a Vicente Ros, planteada la posibilidad de verse inmerso en un proceso penal y pesando sobre él una posible condena penal y civil, realizó «diversos actos de disposición patrimonial» que, según los indicios, tenían como finalidad eludir el pago de esas responsabilidades derivadas de los delitos investigados.
Ros y su esposa donaron a sus hijos algunas de las participaciones sociales que tenían en la mercantil Film Torrent y diversos bienes, y aportaron al régimen de gananciales varias naves por un valor de 1,28 millones de euros, que luego modificaron a separación de bienes. En 2012 el juzgado ya acordó una fianza de 2,7 millones de euros para Vicente Ros, a quien se ha procesado por un presunto delito de «insolvencia de responsable delictivo» para eludir responsabilidades civiles.
La sentencia es demoledora. «No cabe duda a la vista de las pruebas practicadas de que en el caso analizado concurren todos y cada uno de los elementos que caracterizan el delito de insolvencia punible por el que se formula acusación», indica la sentencia, que además tilda las actuaciones del acusado de «convenientemente asesorada estrategia de 'despatrimonialización'».
