La prestación de servicios públicos es susceptible de privatizarse. Las operaciones de saqueo de las arcas públicas, también. La trama Gürtel constituye un ejemplo de libro. La Agencia Tributaria tiene abierta una investigación para averiguar si la supuesta trama corrupta de excargos públicos del PP se valió de una red de empresas privadas contratistas de la Imelsa para el presunto desvío de fondos de la empresa pública hacia, entre otros, el bolsillo de su exgerente Marcos Benavent.
Según ha podido saber Levante-EMV, la causa tributaria, en paralelo a la investigación que se sigue en un juzgado de Valencia y en la que Imelsa constituye una de las siete piezas, afecta a doce firmas privadas que facturaron a la mercantil pública durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. De entrada, los expedientes se incoaron, a Imelsa y a estas sociedades entre las que figura una consultora de estudios medioambientales y varias constructoras, para averiguar un presunto fraude en el IVA y el impuesto de sociedades.
Fuentes conocedoras de la investigación indicaron que en último término Hacienda sospecha que tras la defraudación tributaria se esconde una red de facturas falsas en las que se hinchó el precio para dar cobertura al pago de comisiones o incluso que se trata de facturas enteramente falsas desde el primer euro.
Esto es, que las mercantiles habrían presentado facturas en las que aparecían como conceptos servicios no prestados para justificar la salida de fondos públicos en connivencia con el entonces gerente Marcos Benavent o con otros políticos de la trama de adjudicación de contratos en administraciones del PP a cambio del pago de mordidas. La no declaración del IVA por parte de las empresas „que hacen de recaudadoras de este impuesto para el Estado„ o el impago del impuesto de sociedades habría sido simplemente un síntoma de un fraude mayor.
La Agencia Tributaria empezó a revisar la contabilidad de Imelsa y de sus contratistas hasta acotar la investigación a una docena de éstas tras descubrir tres pagos de Marcos Benavent por un total de 60.445 euros a la firma Flying Tigers por unas supuestas obras de reforma en el taller de empleo y formación que Imelsa tiene en el Monasterio del Corpus Christi en Llutxent. Unos trabajos que nunca se hicieron. Las alarmas de la Agencia Tributaria se dispararon al detectar que esa empresa no había saldado el IVA. El 24 de enero de 2014, Hacienda envió un requerimiento a Imelsa en el que pidió copias de las facturas y contratos que sostenían esos servicios. La diputación no se encontró ningún documento a nombre de esa mercantil, pero sí tres facturas de Instalaciones Eléctricas Proactivas SL, cuyo CIF coincidía con el de Flying Tigers, al igual que la persona que ejercía de administrador.
Dos radiografías de agujeros
Tanto Imelsa como la diputación han encargado diversas auditorías sobre las cuentas de la empresa y su contratación con terceros desde que está viva la investigación de la Agencia Tributaria. La anterior gerencia, todavía con Alfonso Rus de presidente, ordenó auditar la contabilidad y detectó un agujero de 300.000 euros en el ejercicio de 2013. El interventor de la diputación requirió posteriormente los servicios de la consultora Gesem para revisar la contratación de cuatro años. Como contó este diario, el informe detectó graves irregularidades y presuntas ilegalidades en forma de facturas falsas, pagos duplicados o sin justificar por al menos 320.000 euros.
Sociedades distintas facturaron los mismos trabajos en obras de piscinas, pádel y campos de fútbol de césped artificial, el plan estrella del expresidente Alfonso Rus cuando llegó a la diputación en 2007. Destinó más de 32 millones a ese tipo de inversiones.
