Normalmente predican en el desierto. Pero ahora su lucha por regular el derecho a una muerte digna ha cobrado actualidad. «La pena es que tengan que producirse casos tan sangrantes como el de Andrea para que la sociedad reflexione sobre ello», dice Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Comunitat Valenciana, en referencia a la niña gallega de 12 años con una enfermedad neurodegenerativa irreversible a quien se le ha retirado la alimentación artificial por petición de sus padres.
Velasco considera que este caso mediático «ha puesto en evidencia que algunos médicos, no la mayoría, imponen sus creencias a los ciudadanos. Creencias que son muy respetables, pero vivimos en una sociedad plural y cada ciudadano tenemos derecho a pensar como queramos», sostiene.
«Una vida digna „defiende Javier Velasco„ no se puede truncar con una muerte indigna. Sin embargo, hay mucho tabú. Y cuando son niños, el tabú se acrecienta. Pero habrá que aceptarlo. Si no, no dejar morir cuando uno lo pide es obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico. Es inhumano no permitir morir a quien lo desea. Y resulta muy llamativo que la medicina, que es tan intervencionista, en cambio en la muerte apoya que se siga el proceso natural. Nuestra opinión es que, si así lo desea el paciente, hay que ayudarle a morir con dignidad. Incluso con la eutanasia. Pero en España es ilegal. Cuesta mucho por la idea católica de la sacralidad de la vida. Nos falta mucha pedagogía de la muerte. La muerte es parte de la vida. Constituye el final, pero es parte de ella y no un fracaso médico», sentencia.
El presidente valenciano de Derecho a Morir Dignamente ve con buenos ojos la intención del Consell de elaborar una norma sobre el derecho a morir con dignidad, como ya tienen otras seis autonomías. Pero lo considera «insuficiente». «Mientras no se hable mucho más claro del derecho a morir, a disponer de la propia vida despenalizando del Código Penal la eutanasia y el suicidio asistido, siempre habrá médicos e instancias que, desde la sacralización de la vida, piensen que nunca hay excesivo sufrimiento o que son peticiones no suficientemente fundadas».
División política en las Corts
En la arena política, las Corts Valencianes debatieron en otoño de 2013 una proposición no de ley sobre la presentación de un proyecto de ley «para garantizar la mejora de los cuidados paliativos, el derecho efectivo a las instrucciones previas a la asistencia a la agonía, la sedación terminal y la muerte digna». Votaron a favor Esquerra Unida „que presentó la propuesta„ y Compromís. El PSPV se abstuvo y el PP votó en contra. La proposición no de ley fue rechazada.
El modelo de Holanda
Han pasado dos años. El próximo 3 de noviembre, con vistas a las próximas Elecciones Generales y al futuro parlamento estatal, en La Nau de Valencia se celebrará una mesa redonda sobre la eutanasia. Están invitados todos los partidos políticos para participar en el debate. «Hay que despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La ley debe reconocer el derecho a disponer de la propia vida. Naturalmente, hay que regularlo. Y Holanda es el modelo más avanzado. También Luxemburgo o Suiza han regulado sobre la materia», indica Javier Velasco.
Aunque una vez más puedan perder el tren de la actualidad y ver cómo se va olvidando el debate suscitado, el presidente valenciano de Derecho a Morir Dignamente subraya que los familiares que se ven inmersos en estos casos «viven con mucha angustia no poder atender las demandas de su familiar de morir dignamente. Como les pasó a los padres de Andrea», ejemplifica. No hay que olvidar el dolor de la persona que reclama una muerte digna y de sus allegados, reclama. Cualquiera puede verse ahí.
La valenciana Piñero impulsa una norma europea
Eurodiputados de los grupos socialista, liberal, de la Izquierda Unitaria y los Verdes en el Parlamento Europeo presentaron ayer una declaración para reclamar que se garantice a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a «una muerte digna y humana». «El derecho de una vida digna conlleva el derecho a una muerte digna. Todos los ciudadanos europeos deben tener la capacidad o el derecho a una muerte digna», declaró la eurodiputada socialista valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, impulsora de la iniciativa.
