El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió ayer a tener a los agentes sociales permanentemente informados sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno para conseguir una mejor financiación de la Comunitat Valenciana, unas inversiones proporcionales al peso demográfico del territorio (11 %), así como el reconocimiento de los 12.433 millones de deuda histórica, infrafinanciación, acumulada con el modelo ya caducado (2002-2014). Puig aseguró que dará «cuenta permanentemente» de los avances a través de una comisión de seguimiento que se creara con ese cometido.
El Palau de la Generalitat acogió ayer la firma del manifiesto por una mejor financiación en cumplimiento del mandato histórico de las Corts que suscribieron los cinco partidos políticos presentes en el Parlamento, PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos. Representantes sindicales, empresariales y de las universidades valencianas suscribieron, junto con el presidente Puig, el acuerdo para acabar con la discriminación de los valencianos.
El manifiesto está apoyado por el presidente de la Generalitat, y por los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Gonzalo Pino y Paco Molina, respectivamente, el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González, y los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Todos ellos coincidieron en destacar «la importancia» de este pacto y animaron a trabajar a partir de ahora para que el mensaje llegue a todos los foros, dentro y fuera de esta autonomía, mientras que Puig se comprometió a mantener esta reivindicación gobierne quien gobierne tras las elecciones generales del 20 de diciembre, como ya había hecho en su discurso del martes pasado en las Corts.
Soler: «Reforma inmediata»
El manifiesto, que fue leído por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, reclama al Gobierno una «reforma inmediata» del sistema de financiación autonómica con efectos del 1 de enero de 2014 que permita a los valencianos alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de autonomías.
Se reclama el reconocimiento del déficit de financiación acumulado desde que se transfirieron las competencias a esta autonomía, cifrado en al menos 12.433 millones entre 2002 y 2013, así como la definición y establecimiento de mecanismos de compensación de ese déficit.
También se piden unas inversiones estatales en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la C. Valenciana, y que se compense, en todo caso, la insuficiencia inversora de los últimos años.
«No será fácil», dice el presidente
Puig subrayó «el fuerte simbolismo» de este acuerdo, agradeció a todos el esfuerzo y la voluntad por alcanzarlo y aseguró que esta reivindicación no es una cuestión «identitaria» ni de «victimismo», sino «de justicia y de cumplimiento de la Constitución y de la Lofca». El presidente reconoció que «no será fácil» lograrlo porque es necesario «romper muchas inercias», pero pidió a todos «la misma voluntad reivindicativa» sea cual sea el gobierno tras las elecciones del generales del 20 de diciembre.
El jefe del Consell destacó que es un acuerdo hecho «desde la lealtad, la seriedad y la firmeza» y añadió que comienza «una nueva etapa que queremos que la protagonicen los intereses generales de los valencianos».
