«No es que digamos las cosas para llamar la atención. Es que esta invisibilidad de los valencianos debe acabar. Tenemos cosas que decir.» Con estas palabras resumía un portavoz del Palau la actuación del nuevo Consell durante estos cien primeros días de gobierno en términos de política estatal. El objetivo de «visibilizar» el «problema valenciano», en palabras del jefe del Consell, Ximo Puig, o que se tenga en cuenta a la C. Valenciana en la futura reforma de la Constitución, comienza a dar sus frutos.
Así lo atestigua el revuelo que provocó en el PSOE la conferencia de Ximo Puig en Madrid a principios de esta semana, en que deslizó como solución al desafío soberanista reconocer a Cataluña como «nación». O la generalización del debate sobre el concierto vasco, que el PSPV lleva tiempo cuestionando.
Algo ha comenzado a cambiar. Con el estallido de la burbuja y la explosión de un racimo de escándalos de corrupción, la Comunitat Valenciana pasó de caso a imitar a ejemplo a evitar. La «crisis reputacional», decía Puig. La Generalitat ha comenzado a desprenderse del traje de irrelevancia en términos de geopolítica española y en poco más de cien días ha conseguido hacerse un hueco en temas centrales como el procés catalán o el reparto de la financiación.
Se ha ganado cuota de pantalla. Sobre todo por comparación, tras un último mandato popular en que el shock financiero y el perfil discreto de Alberto Fabra no ayudaron a romper el cordón de invisibilidad.
Sin embargo, los asuntos estrictamente valencianos siguen siendo una cuestión menor en el contexto del polvorín territorial. El desdén con el que el Congreso recibió la toma en consideración de la reforma del Estatut valenciano (apenas unos 60 diputados en el hemiciclo) es la mejor prueba.
En este sentido, en el entorno de Puig existe el convencimiento de que «si vas a Madrid a hablar de temas valencianos no te escucha nadie». «Si quieres tener voz cuando se hable de financiación, debes participar en los debates de España». No es una estrategia escrita, pero existe ese consenso en la Generalitat. En ello están.
Puig propone el reconocimiento de «nación» y descoloca a Ferraz
El presidente de la Generalitat rompió el pasado lunes los esquemas del PSOE al proponer durante una conferencia en Madrid una reforma constitucional que recupere el Estatut catalán de 2006, que reconocía a aquella comunidad como nación y fue tumbado por el Constitucional. Entre las elecciones catalanes y las generales, este planteamiento desubicó a la dirección de Pedro Sánchez, cuya hoja de ruta pasa simplemente por una reforma hacia el federalismo, sin más concreción.
Algunos, como Zapatero, aplaudieron la propuesta. Otros, como el número dos de Sánchez, le recordó a Puig que respaldó en su día la propuesta del PSOE para la remodelación territorial. El presidente valenciano, en cualquier caso, expuso su salida al conflicto en vísperas del 9 d'Octubre. Quiere estar en un debate que también afecta a la C. Valenciana: la reforma global que se plantee para Cataluña condicionará al resto de España.
El tabú vasco: valencianos y andaluces piden revisar el concierto
En Madrid los grandes partidos no quieren ni oír hablar de remover el statu quo que mantienen las comunidades forales históricamente, pero en Valencia el asunto ha subido de decibelios en los últimos años. Tanto que, cuando hace tres semanas Ximo Puig volvió a denunciar el desigual reparto de los esfuerzos fiscales, Ferraz llamó a Valencia alarmada.
La dirección federal del PSOE, de hecho, envió una nota interna informando de que la posición de Pedro Sánchez a favor del cupo es «inamovible», aseguran en Blanquerías. El debate, sin embargo, parece que ha prendido en Madrid. La andaluza Susana Díaz volvió a reclamar esta semana que se revise el modelo, ampliando la extensión del incendio. El problema, defienden en el Palau, no es que el País Vasco y Navarra tengan un concierto propio, sino el reparto, lo que se queda cada uno.
Crisis en Siria: un paso por delante del Gobierno de España
En septiembre la vicepresidenta Mònica Oltra puso al Gobierno a la defensiva por la gestión de la crisis humanitaria en Siria. Especialmente a Soraya Sáenz de Santamaría, que se encontró en varias ruedas de prensa con preguntas sobre la falta de celeridad en la puesta en marcha de los planes de ayuda.
La Generalitat se adelantó a todos y dio rango de asunto de Estado a la crisis de los refugiados. Presentó de forma solemne en el Palau la propuesta de Baleària para enviar un barco al otro lado del Mediterráneo y traer refugiados. El Gobierno, sin embargo, bloqueó la propuesta de inmediato. La medida, en el adn del «rescatem persones» de Compromís, tuvo eco en el ámbito estatal. El relato mediático enfrentaba el humanitarismo con la burocracia.
El Gobierno reclamó no crear «procedimientos alternativos» sino encauzar «el compromiso solidario» de forma «ordenada». Mientras, Oltra acusaba a Madrid de «perder el tiempo» tras reunirse con el ministerio y el resto de comunidades. De momento, el ferry valenciano está listo a la espera a la espera de autorización gubernamental.
