La Generalitat Valenciana dispone de 678 viviendas públicas que no puede utilizar. ¿El motivo? Un estado de «abandono» de las mismas que precisa de una inversión de 99 millones de euros, según advierte la consellera de Vivienda, María José Salvador, tras puntualizar que esa misma cuantía es «la que gastó el PP en la Fórmula 1».
Y es que la Comunitat Valenciana es la que menos gasta en vivienda, según un estudio realizado por el Consell que analiza la inversión que han realizado cuatro autonomías —Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y el País Vasco— entre los años 2014 y 1015.
Así, Cataluña es la autonomía que más dinero destina en sus presupuestos a la vivienda, mientras que la valenciana es la que menos. En términos de gasto por habitante es el País Vasco la que más gasta. La Comunitat Valenciana también es, en esta ocasión, la que menos. Respecto a la variación entre los años 2014 y 2015, el gasto en vivienda aumenta en comunidades como Andalucía (37,52%) y el País Vasco (2,73%), mientras que se reduce en Cataluña (7,04%) y en la Comunitat Valenciana (4,42%) donde además, la participación del gasto en vivienda se ha reducido un 10,85%.
Fuentes del Consell, además, explican que la reducción en inversión para vivienda pública ha sido «la tónica general» durante los últimos años con una tendencia decreciente de 2002 a 2014, con algunas excepciones.
Y es que solamente en los años 2004, 2009 y 2012 se realizaron «aumentos significativos, aunque con escaso efecto en dicha tendencia decreciente».
En 2013 se produjo el descenso más importante con una reducción a la mitad (50,19%). En 2014, sin embargo, la reducción fue más que moderada con apenas el 0,54%.
Solo un 0,24 % del presupuesto
La participación del gasto en vivienda, sobre el total de gasto en la Comunitat Valenciana, también ha seguido una tendencia decreciente durante los últimos 12 años, pasando del 1,99 % en el año 2002 (con 177 millones de euros) hasta un 0,24 % en 2014 con 39 millones destinados en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
La consellera María José Salvador ha asegurado, por activa y por pasiva, que la política en vivienda va a cambiar de forma radical. Y ya se ha puesto manos a la obra, con la elaboración de la nueva Ley para la Función Social de la Vivienda. Mientras tanto, insta al Gobierno central a hacer lo propio ya que las competencias del Consell «son limitadas».
«En la Comunitat Valenciana, en los últimos 20 años, esta política, la de la Vivienda, se ha llevado a cabo desde una perspectiva, básicamente, económica. Así, se ha dejado la vivienda en manos de los mercados, de forma que la acción pública de la Administración o el parque público de vivienda quedaban en un lugar residual. Los anteriores gobiernos han hecho de la vivienda un negocio y no un derecho», puntualiza Salvador.
Para la consellera del gobierno valenciano, el «abandono de viviendas y el deterioro físico de las edificaciones y de los entornos urbanos donde se erigen ha favorecido la creación de guetos y de marginación social». Una situación que está dispuesta a cambiar con la aplicación de nuevos programas y medidas adecuadas.
