El diagnóstico de la catedrática de Derecho Penal de la Jaume I de Castelló, María Luisa Cuerda Arnau, es contundente en la radiografía: la Comunitat Valenciana está lastrada por una «corrupción política —en su vertiente de venta de decisiones y de creación de una amplia bolsa de voto cautivo— cuyo arraigo en las prácticas políticas es tan profundo que se ha convertido en sistémico, hasta el punto de que la corrupción como instrumento de hegemonía política ha acabado por secuestrar la propia democracia».
Ante la lentitud para enjuiciar con celeridad y eficacia casos de la envergadura de Gürtel, Malaya, Nóos, Palma Arena, ERES, Emarsa, Fabra o Brugal, la catedrática María Luisa Cuerda sostiene que las razones de la ineficacia del sistema para combatir de manera diligente los grandes escándalos de corrupción «no hay que buscarlas en la falta de preceptos penales sustantivos en los que incardinar las conductas» porque «existen tipos penales más que suficientes para abordar la corrupción». A su juicio, las insuficiencias se encuentran en «la falta de mecanismos administrativos de control verdaderamente eficaces y, cuando ya se han eludido, en un modelo de investigación y enjuiciamiento trasnochado y falto de los necesarios recursos para abordar con diligencia los casos más complejos».
Vicente Torres, fiscal anticorrupción en Valencia, constata en su artículo que la investigación de delitos de corrupción política «suponen un grave quebranto para el trabajo ordinario de los juzgados, amén de un sobreesfuerzo de jueces, secretarios y funcionarios sin ningún tipo de compensación».
