Desde la Conselleria de Vivienda aseguran que, tras acceder a la gestión del departamento, la consellera Maria José Salvador se encontró «32 millones pendientes de solicitudes sin resolver por inactividad administrativa» y 16 millones más de expedientes «que el anterior gobierno no tramitó a pesar de haber recibido las ayudas del ministerio».
Pero ahí no acaba la cosa. Salvador explica que también se encontró con una deuda de 290 millones de euros en el pago de las ayudas a la vivienda (entre 250 resoluciones sin consignación presupuestaria, 40 ficticias y 501 donde no se reconocía la deuda). Por ello, la conselleria realizó un calendario de plazos con el objetivo de que, a mediados de 2016 la deuda con los beneficiados esté saldada. m. ros valencia
