Cuando se timonea un barco lastrado por 40.000 millones de deuda y una infrafinanciación estructural que supera los mil millones anuales, caso de la Generalitat heredada por Ximo Puig, solamente caben dos estrategias: resignarse a navegar a remo o izar una bandera de conveniencia en busca de ventajas fiscales para seguir flotando. El jefe del Consell ha optado por esta segunda opción, la de envolverse en la senyera para exigir el fin de la discriminación de la Comunitat Valenciana en materia de financiación y que amenaza la viabilidad del autogobierno. Puig ha declarado la guerra postal a Mariano Rajoy. Ayer aireó una tercera carta en la que insta al inquilino de la Moncloa a «mantener un encuentro lo antes posible para tratar» sobre un «nuevo modelo de financiación». Es «la última» carta. Un ultimátum: o demuestra Rajoy «voluntad de diálogo antes de que acabe este mes» o el Consell presentará una demanda en los tribunales.

Puig explicó que las «actuaciones judiciales ya están preparadas», aunque no las concretó. Apostó por dar «una solución aunque sea transitoria» porque «no hay más tiempo que perder» y es una cuestión «de justicia». En el escrito de dos páginas, Puig recuerda a Rajoy que el 30 de junio y el 21 de septiembre ya le envió sendas epístolas sobre un tema «vital» que la «Comunitat Valenciana viene padeciendo desde hace más de dos décadas». «Un trato injusto de los sucesivos modelos de financiación autonómica», agrega. «Ninguno nos ha tratado con equidad, justifica y suficiencia», sentencia. El presidente valenciano alude a «numerosos estudios» que avalan la discriminación.«El más reciente —dice— del propio Ministerio de Hacienda sobre las balanzas fiscales certifica un saldo negativo de 1.453 millones en 2012 a pesar de tener una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media».

Protesta epistolar a Fomento

«La otra gran conclusión del informe (...) es que somos la comunidad peor financiada» porque «recibimos 1.848 euros por habitante, 359 menos que la media», dice. Ximo Puig recuerda el acuerdo unánime de las Corts sobre la necesidad de una «reforma urgente» del modelo y la de «establecer mecanismos de compensación por la deuda histórica acumulada» —de 12.433 millones— y de garantizar inversiones del Estado de acuerdo con la población. «Desde la lealtad institucional y alejados de cualquier atisbo de victimismo, los valencianos reclamamos (...) una financiación que cumpla los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles», concluye. Preguntado por las consecuencias de ir al juzgado si el socialista Pedro Sánchez llega a la Moncloa, fue tajante: «esté quien esté en el Gobierno tenemos una hoja de ruta trazada».

Puig anunció que hoy enviará otra carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que expondrá que no es «razonable» que haya recibido a la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y no a la consellera de Obras Públicas, María José Salvador. «Es muy grave y no se trata de una mera cuestión de formas sino de representatividad democrática; es como si yo quiero hablar de los problemas de Orihuela y me reúno con el PSPV de allí», denunció.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, replicó a Puig que lo «más razonable» es que en vez de denunciar haga «un acto de reconocimiento» de los 1.600 millones que el Gobierno va a destinar a la Comunitat Valenciana. Catalá resaltó, según Europa Press, que la C. Valenciana puede recibir 1.600 millones más, 1.000 de mejor financiación y 600 de menor gasto, «sin necesidad de reformar el sistema».