El despido de los primeros 15 colocados por el PP en Imelsa provenientes del círculo de los expresidentes de la diputación Alfonso Rus y Fernando Giner o del exgerente Marcos Benavent podría costar a las arcas públicas en torno a medio millón de euros.
La diputación les ha abonado 20 días por año trabajado, pero si se aplicara finalmente el convenio que suscribió el expresidente Rus, un blindaje en toda regla, la indemnización se dispararía a medio millón de euros, una cantidad que reclamarán los despedidos.
El primer recuento de enchufados en Imelsa que los nuevos gestores de la Diputación de Valencia elaboraron este verano ascendía a una treintena y las indemnizaciones a un millón de euros. De momento, los despedidos ascienden a 15. Por ejemplo, el despido de Adriana Hernández, asesora afín a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y candidata a las municipales podría alcanzar los 114.000 euros si se aplica el convenio que firmó Alfonso Rus 20 días antes de las pasadas elecciones del 24 de mayo. Hernández lleva unas dos décadas en Imelsa.
Otro de los despedidos, Miguel Ángel Gozalbes Moracho, exconcejal de Xàtiva e íntimo de Benavent se embolsaría 94.000 euros; Francesc Barberà, conocido en Xàtiva como Paco «Fum» y cercano a Rus, 40.000 y el exconcejal de Vallada Ramón Vilar, que fue jefe de gabinete con Giner, 50.000. Llama la atención que los despidos más elevados serían los más cercanos al expresidente Rus. Con todo, entre los despedidos también hay clases. Gozalbes compartía despacho con la concejal de Xàtiva Elena Llopis, pero como el primero pertenece a Imelsa tiene derecho a indemnización, mientras la segunda, que era sólo asesora de la diputación, no será indemnizada. Ello ha creado fricciones incluso en el propio PP, ya que los asesores de la diputación veían con recelo a los de Imelsa porque iban a tener derecho a despido. Con todo, la nueva diputación no prevé una gran purga de enchufados. Aseguran que no mirarán el carné, sino el trabajo que realizan.
