El Consejo de Ministros aprobó el 2 de octubre de 2014 el pago de una indemnización de 1.350 millones a la empresa Escal UGS tras extinguir la concesión. El Tribunal Supremo desestimó previamente un recurso del Ejecutivo central que pedía eliminar el derecho de cobro de indemnización por el valor residual de la planta, incluyendo el supuesto de dolo o negligencia. El Gobierno encargó a Enagás el mantenimiento de la planta mientras permanece en «hibernación» a la espera de nuevos informes que diluciden el cierre o reapertura de la planta. El pago se encargó a Enagás que recuperará este dinero repercutiendo en la factura del gas de los próximos 30 años. No obstante, esta indemnización está en el aire, ya que el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulneró derechos fundamentales de la ciudadanía. Reprochó al Gobierno que obviara pedir responsabilidades a la empresa.
