El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs inició ayer la ronda de declaraciones de la macro causa de la planta Castor, cuya actividad hiberna desde hace dos años tras desatar 550 terremotos en el norte de Castelló. La investigación ha de determinar si los responsables del Ministerio de Industria y Medio Ambiente, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) y de la empresa Escal UGS que autorizaron el proyecto incurrieron en presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente por no detectar el riesgo sísmico. Hay 18 imputados, entre otros, nueve ex altos cargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Jesús Gómez de las Heras, director adjunto del Instituto Geológico y Minero que validó en 2007 el proyecto Castor, fue ayer el primero en desfilar por los tribunales Vinaròs y sostuvo ante el juez que este organismo no investigó el riesgo sísmico porque nadie lo pidió, según fuentes presentes en la sala.
El IGME redactó un informe, a instancias de la Dirección General de Política Energética y Minas para valorar los estudios técnicos presentados por la concesionaria para desarrollar el almacén de gas en un antiguo yacimiento abandonado de hidrocarburos, frente a la costa de Vinaròs. Este dictamen determinó que el almacén no afectaba a la falla de Amposta.
Gómez de las Heras compareció ante el juez instructor, la fiscal de Medio Ambiente, dos abogados de ACS (principal de Escal), una de las dos acusaciones populares (Arca Ibérica), la acusación particular de María José Bosch, más dos responsables imputados del socio de ACS en Escal (Dundee Energy) que asistieron sin representación legal. Respondió a todas las preguntas de la acusación, mientras la defensa eludió formularle.
El excoordinador del informe del IGME , según informó el abogado de Arca Ibérica -él declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida-, afirmó en la sede judicial que en el citado estudio de Castor informó de las cuestiones que se requirió al organismo y «que desconocían por completo la existencia de riesgos de sismicidad porque en los extremos del informe no se les planteó» desde la instancias superior -Dirección General de Política Energética y Minas-, según el letrado. También fue preguntado por las advertencias del Observatorio del Ebro y Gómez de las Heras, según el abogado de Arca Ibérica, insistió en que «no tenían conocimiento de la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección de gas».
El Observatorio del Ebro, que está integrado por el CSIC, advirtió en un informe anterior de 2005 que la inyección de gas en el almacén subterráneo era «potencialmente inductora de terremotos». Según la declaración del coordinador del dictamen del IGME, desde el Ministerio de Industria no se instó a este organismo a analizar el riesgo sísmico.
Esta semana también serán interrogados en los juzgados de Vinaròs otros dos cargos del IGME (José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales y Geoambiente; y Roberto Rodríguez Fernández, director de geología y Geofísica).
Tramitación inadecuada
La denuncia de la fiscalía, que motivó en enero la apertura de diligencias por parte del juzgado de Vinaròs, esgrime que se obvió evaluar la sismicidad en la zona. El fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta -acompañó a la fiscal de Medio Ambiente aunque no participó en el interrogatorio-, afirmó que el objetivo es averiguar «por qué no se realizó un estudio sobre la sismicidad de la zona cuando creemos que es algo que se puso de manifiesto en el trámite de información y consultas y, por tanto, debía de haberse completado».
Explicó que la instrucción analizará «la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que, en principio, entendemos que no se debía de haber producido de haberse hecho una tramitación adecuada».
Cuesta avanzó que las partes implicadas ya han entregado toda la documentación solicitada por el juez, y no descartó que se amplíe el número de imputados según avance la investigación y las declaraciones.
