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Tribunales

Los liberados de la patronal concertada cobraban de 1.600 a 1.800 euros sin dar clase

Los diez trabajadores a sueldo de la Conselleria de Educación durante años deberán declarar en el juzgado

Diez liberados de la patronal de las enseñanzas concertadas cobraron durante años sueldos con cargo al presupuesto de la Conselleria de Educación. Su salario oscilaba entre los 1.600 y los 1.800 euros mensuales a pesar de que no daban clase ya que trabajaban para las patronales de la enseñanza concertada, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los diez liberados declaren en el juzgado de instrucción que investiga esta presunta financiación irregular de la enseñanza concertada con cargo al erario público, según ha podido saber Levante-EMV. El 30 de septiembre ya declararon cinco altos cargos de la Conselleria de Educación que aseguraron desconocer los hechos.

La investigación por estos pagos irregulares se inició tras la denuncia del grupo parlamentario de Compromís, cuando estaba en la oposición, ante la Fiscalía Anticorrupción que vio indicios de delito. Posteriormente, un juzgado de instrucción abrió una investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción también permitieron detectar que algunos docentes mayores de 65 años habrían estado cobrando, presuntamente, sin ejercer ninguna actividad educativa.

Otra irregularidad denunciada por Compromís y confirmada por la Fiscalía es que la Conselleria de Educación pagó presuntamente durante años «entre dos y tres millones de euros de más, por curso escolar, a la enseñanza concertada» entre 2008 y 2014. Un informe de intervención de la Generalitat ya detectó que en multitud de centros se abonaba por más horas de las estipuladas. Si el concierto era de 120 horas, por ejemplo, en realidad se acababa pagando por 150 horas, sin que desde la Conselleria de Educación se pusiera ningún pega y se acababa pagando sin rechistar. Este descontrol pudo costar a las arcas públicas entre 2 y 3 millones de euros por curso escolar, según fuentes de la investigación.

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