El juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el supuesto fraude cometido mediante la emisión de facturas falsas y otros medios en la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm y otras obras ha quedado hoy visto para sentencia.
Así lo ha anunciado esta tarde el Tribunal Superior de Justicia, con lo que se pone fin a la vista por un juicio que comenzó el pasado 22 de marzo en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El pasado 30 de septiembre comenzó la lectura de conclusiones por parte de la Fiscalía, que elevaba a 8 años y 10 meses de prisión su petición de condena, por los delitos de estafa, contra la Hacienda pública y falsedad documental para el expresidente del consejo de administración de Terra Mítica Luis Esteban, para el que en principio reclamaba 7 años de cárcel.
Por contra, rebajaba hasta los 8 años y 10 meses la pena solicitada para el ex director general del parque temático de Benidorm Miguel Navarro y a 8 años y 4 meses para el exresponsable de contratación Justo Valverde y para el ex director técnico del mismo Antonio Rincón, a los que anteriormente pedía 10 años de prisión por los mismos delitos.
En su escrito, reducía asimismo de 4,4 a 2 los millones de euros supuestamente defraudados de este modo, y retiraba 6 de las 34 acusaciones mantenidas por estos hechos, por lo que reclamaba condena para 28 personas.
Entre los procesados para los que defiende una mayor condena se encuentra el empresario Vicente Conesa, al que sitúa al frente de una "verdadera trama de facturación falsa" (26 años y 4 meses de prisión), y los también empresarios y supuestamente principales beneficiarios del fraude Antonio Moreno Carpio (48 años y 10 meses) y José Luis Rubio (43 años y 10 meses).
Del mismo modo, solicita 25 años y 10 meses para la mujer de Consesa, Matilde Ripoll, 28 años y 4 meses para el propietario de varias empresas Ginés Avilés e, incluso, 16 años y 10 meses para un procesado al que en 1999 hicieron administrador de una empresa que facturó 226 millones de pesetas al parque temático, aunque dice que no ejerció el cargo ni recibió dinero porque era "alcohólico" y vivía en la indigencia.
En la vista, las defensas de los procesados han reiterado su petición de libre absolución de sus clientes o, alternativamente, una pena con la atenuante de dilaciones indebidas y "cuasi-prescripción" del responsabilidad penal, dado que, según han apuntado, los supuestos hechos delictivos se cometieron hace quince años
