La sucesión de terremotos que se registraron en septiembre y octubre de 2013 en el entorno de la planta Castor de Vinaròs reveló la existencia de unas fallas activas que hasta entonces el Instituto Geológico Minero Español (IGME) desconocía. El informe de 2007 del IGME que validó Castor obvió analizar el riesgo de terremotos porque el mapa de sismicidad de España que disponía el organismo calificaba a la zona de Castelló de «bajo riesgo», mientras con el estudio del Observatorio del Ebro, que advertía de ello si se inyectaba gas en el subsuelo, consideró que no tenía entidad científica para ser tenido en cuenta.

Estas fueron las principales conclusiones que ayer aportó en la tercera declaración del caso Castor el director del departamento de Geología y Geofísica del Instituto Geológico, Roberto Rodríguez Fernández, uno de los redactores del informe del IGME que se realizó a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas, según explicó el abogado de Arca Ibérica „una de las dos acusaciones populares„, Jorge Casal.

Como ya hicieron en las comparecencias del lunes y el martes sus dos compañeros del dictamen del IGME, Rodríguez insistió en que desconocían la existencia de un riesgo sísmico en la costa de Vinaròs y que no dieron importancia al informe del Observatorio del Ebro, que alertó que la inyección de gas de la planta podría provocar terremotos. El técnico subrayó que la entidad realizó lo que se le encomendó „evaluar la propuesta trasladada por Escal„ y que nadie les pidió analizar el riesgo sísmico.

Sobre la posible sismicidad en la zona, sostuvo que entonces se fundamentaron en un mapa de peligrosidad sísmica de España que determinaba que Castelló tenía un «riesgo bajo». Admitió que la cartografía de la época solo indicaba la presencia de una falla por Castor pero que indicaba que «estaba sellada», añadió el abogado de Arca Ibérica.