La Mesa General de Negociación de la Función Pública debía haber sido ayer una balsa de aceite, una foto amable del romance que viven los sindicatos y el Consell desde que éste último cambio de color político. Intersindical y UGT, sindicatos afines a los dos socios del bipartito, Compromís y PSPV, respectivamente, están dando margen a la nueva Generalitat y en general, para todos la de ayer iba a ser una reunión positiva porque certificaba la recuperación para los funcionarios de parte del poder adquisitivo perdido. Sin embargo, ante la polémica modificación de Hacienda se optó por plantar cara y la reunión estuvo cargada de tensión.
Todos los sindicatos ( Federación de Servicios Públicos de la UGT, Intersindical, CC OO y CSIF) exigieron la retirada del proyecto de ley de acompañamiento en sus aspectos más polémicos. Coincidieron en que la propuesta de Hacienda, tal como estaba redactada, tiene importantes obstáculos legales. Algunos hablaban incluso de «chapuza» porque el redactado no aclara ni bajo qué fórmula se produciría el trasiego de funcionarios ni la justificación del traslado. Y se quejaron de que el Consell había tratado de colarles un cambio legal sin consultarles.
Las fuentes consultadas por este diario apuntan a Presidencia como cerebro de estos artículos que, tal como están redactados, dan potestad al presidente y a los consellers para crear un equipo de funcionarios para necesidades ad hoc. Pero junto a las unidades administrativas, la ley de acompañamiento incorporaba también modificaciones que interesaban específicamente a la Conselleria de Hacienda, como son la modificación del cuerpo de interventores para permitir la entrada en el colectivo de auditores del ámbito local.
Este cambio legal, que tampoco contaba con el respaldo de los sindicatos, también se retiró. Tampoco saldrá adelante, al menos de momento, la propuesta para crear una comisión que estudie la posible remodelación de la estructura de la Generalitat mediante la fusión o extinción de conselleries.
