El juicio del caso Emarsa no juzgará una de las reclamaciones principales de los imputados, la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la ciudad de Valencia que denunciaron Esteban Cuesta y Juan Carlos Gimeno, entre otros. De hecho, los que debían custodiar la caja de la depuradora de Pinedo, Santos Peral e Ignacio Martínez, han pactado con la Fiscalía una reducción de condena muy importante. No se abordará el dinero que presuntamente salió de la planta de limpieza de aguas para abonar cenas de los populares. Tampoco los regalos que en persona habrían llevado Peral y Martínez a concejales del gobierno de Rita Barberá. La sobredimensión de la plantilla tampoco se abordará en la vista oral. l. b./S. P. valencia