Cuando te acercas a él te enfoca con una mirada cándida. Si se lo pides baila, se sienta o simula que juega al fútbol. Es un robot social —autómata que interactúa con el ser humano y es capaz de tomar decisiones por iniciativa propia de forma limitada— que ya se comercializa por un precio aproximado de 7.000 euros y responde al nombre de «Nao». Ayer revolucionó la 59ª edición del congreso anual de la Unión Internacional de Abogados (UIA), clausurada en el Palacio de Congresos de Valencia tras haber congregado a 1.300 abogados procedentes de 80 países diferentes.
Este pequeño androide de 58 centímetros de altura llegó a la cita de la mano de Marc Gallardo y Sebastien Fatin, abogados especialistas en tecnologías emergentes y protagonistas de una ponencia sobre privacidad y derechos de la persona digital. Tras la conferencia, Gallardo atendió a Levante-EMV y explicó que «lo hemos traído porque es el ejemplo perfecto de cómo evoluciona la tecnología. Hablamos de un dispositivo que recoge distinta información —imágenes, sonido— y que luego es capaz incluso de tomar decisiones en el futuro en base a los datos acopiados. Las leyes deben tener en cuenta estos casos y en los reglamentos actuales nos encontramos con muchos huecos al respecto».
Consultado sobre la posibilidad de que estos autómatas sean una realidad en países como España, el letrado de Lexing argumentó que «ya se comercializa con éxito en lugares como Japón o Corea del Sur, naciones donde la última tecnología está muy normalizada por la sociedad. Esto ya es así en la actualidad y ya hay estudios que dicen que los robots sociales serán una realidad en países como España en un plazo temporal de diez años».
El experto en tecnologías emergentes también expuso que «es cierto que la robótica encierra muchos interrogantes y temores y que siempre está el miedo a que los androides sustituyan al ser humano en los trabajos, infundado muchas veces. Sin embargo, también hay que pensar en todas las oportunidades que nos ofrece el sector». A su vez, Gallardo también hizo especial hincapié en los beneficios y peligros del llamado «Big data» —el vasto conjunto de datos personales que los usuarios almacenan en Internet y se acumula en servidores de todo el planeta—: «Ya hay empresas especializadas en estos campos y creo que las leyes —con el nuevo reglamento europeo de protección de datos que previsiblemente llegará a finales de año a la cabeza— deben ser un instrumento clave. Los ciudadanos han de estar protegidos por sus gobiernos».
Permisos de los refugiados
La protección de los derechos de los refugiados fue ayer uno de los temas mencionados en la ceremonia de clausura de la edición 2015 del congreso anual de la UIA, que contó con la presencia de Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Bravo apoyó las reclamaciones de los asistentes y destacó que «comparto su solicitud para que los Estados regulen de manera transparente el acceso de los refugiados a los permisos de residencia temporal o permanente, y que lo hagan con criterios claros y previsibles que permitan además la apelación o la revisión judicial de los procesos administrativos». «Las instituciones europeas no han sabido dar una respuesta adecuada a la crisis humanitaria, mientras que la abogacía española ha tenido una respuesta modélica, que ha servido para remover conciencias», apostilló.
