Todos los colectivos vinculados con la atención a los inmigrantes rechazaron ayer la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que a finales de julio universalizó la atención sanitaria para incluir a las personas en situación irregular que habían quedado proscritas tres años antes.
El presidente de la Plataforma Intercultural, Eduardo Béjar, recibió a primera hora de la tarde la llamada de la secretaria de la consellera de Sanitat Universal, en la que tras informarle de la decisión del alto tribunal le aseguraba que el Gobierno valenciano va a a mantener la atención a todos los inmigrantes.
La medida, a su entender, es un atentado a los derechos humanos, a la Constitución y a la autonomía.
«En un momento de tanta sensibilidad con la inmigración y los refugiados, que el Gobierno de Rajoy recurra esta medida humanitaria del Gobierno valenciano es un atentado a los derechos humanos, porque unos cometen atentados con bombas y otros ponen leyes y recursos que dejan a las personas sin derecho a la salud», agregó Béjar que anunció que los 24 colectivos que integran la Plataforma se manifestarán a favor del Consell para apoyar la medida.
Por su parte, Antoni Bayón, portavoz de Odusalud que integra a 81 organizaciones calificó de «inaceptable la medida. «El Constitucional —agregó— a respaldó en el Pais Vasco y Navarra y aquí se ha decidido por la opción contraria y deja de nuevo en exclusión a miles de personas que ya habían recuperado el derecho a la asistencia sanitaria». Ana Pérez Solaz, de Médicos del Mundo, anunció que hasta que haya un fallo definitivo van a ser unos meses de gran incertidumbre, «porque no sabemos que va a pasar y si las personas que ya tienen la tarjeta la van a perder».
Intersindical resaltó que la medida es contraria a los derechos humanos y al principio de igualdad.
