La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido hoy que los presupuestos de su departamento para 2016 dedican 16,2 millones de euros diarios a mantener la red asistencial y mejorar la "calidad y cantidad" de servicios y prestaciones, dicen "adiós" a copagos y buscan el "retorno de la sanidad a lo público".
Montón se ha pronunciado así en su comparecencia en Les Corts Valencianes para explicar las cuentas de su conselleria para el año que viene, que ascienden a 5.909 millones de euros, "el más alto desde el traspaso de competencias", lo que supone un 7,6 % más que este año y el 34,4 % del presupuesto total de la Generalitat.
La consellera ha destacado que su presupuesto recupera derechos, redemocratiza el sistema, mejora las condiciones retributivas y laborales de los profesionales sanitarios, recupera el pulso de la investigación, corrige "ineficiencias" y pone "la casa en orden" para gestionar mejor y dar prioridad a la atención de las personas.
Montón ha lamentado el "legado envenenado" que ha recibido, pues además de la multa de la UE de 19 millones por las "facturas en el cajón", los retrasos en el pago a las farmacias acaban de suponer una condena de 7 millones de euros, y cuando acaben los pleitos los intereses de demora pueden superar 75 millones en total.
El PP ha acusado a la consellera de hacer el discurso de "Alicia en el país de las maravillas" y de adoptar decisiones que llevan a la "confrontación y el enfrentamiento", mientras que Ciudadanos ha considerado que es un presupuesto "insuficiente" y llevará de nuevo a un "agujero importante" en esta área.
El presupuesto de Sanidad incluye 35 millones de euros para eliminar el copago de medicamentos a pensionistas con ingresos de menos de mil euros al mes y 6,4 millones para eliminarlo a discapacitados y dependientes.
Para inversiones se destinan 67,8 millones de euros, con los que se darán "los primeros pasos" para la futura construcción del hospital de Ontinyent y la adecuación del antiguo hospital de Gandia, se comprará el acelerador lineal del hospital de Castellón y se actuará para que en la vieja Fe "se conforme un nuevo espacio de salud".
Montón ha admitido que no son los presupuestos que hubiera deseado, pero constituyen un punto de partida y no la meta; ha defendido que materializan la idea de que la salud "es un derecho y no un negocio", y ha destacado que no incluyen listas "fantasmas" de centros que luego no han ido más allá de carteles publicitarios de 50.000 euros.
Sobre los conciertos, ha indicado que se quiere sacar a adjudicación el de hemodiálisis, que lleva dos años caducado, lo que supondrá un ahorro de 10 millones de euros, y ha explicado que el objetivo es lograr mayores niveles de eficiencia en las prestaciones externas y poder negociar precios "más competitivos".
El diputado del PP José Juan Zaplana ha acusado a la consellera de tomar decisiones que llevan al "enfrentamiento", como el decreto sobre la atención sanitaria a inmigrantes, que "sabía que iba a rozar la ilegalidad" y sobre el que no se ha "querido sentar" en la comisión bilateral.
La consellera ha replicado que el Consell va a "desterrar" la exclusión sanitaria; ha preguntado al PP si está "con Rajoy o con las personas que necesitan atención sanitaria", y ha acusado al Gobierno de España de ir en contra de las más de 5.400 personas que gracias al decreto valenciano han recuperado la atención universal.
Antonio Woodward (Ciudadanos) ha lamentado que la consellera se haya dedicado a decir "lo mal que lo han hecho" sus antecesores y le ha pedido líneas claras de separación entre los público y lo privado, y que no se permitan "fraudes ni puertas giratorias".
El socialista Ignacio Subías ha agradecido que se recupere la universalidad de la sanidad; Isaura Navarro (Compromís) ha destacado que se acaba con un modelo sanitario xenófobo, homófobo, clientelar y opaco, y Daniel Geffner (Podemos) ha resaltado que la sanidad se sitúa "por encima del capitalismo de amiguetes del PP".
