Los representes de las 24 entidades agrupadas en la Plataforma Intercultural de la C. Valenciana aseguraron ayer que la tarjeta sanitaria que garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación legal, es «indispensable».

Todos ellos avalaron la convocatoria de una concentración, prevista para el domingo 15 de noviembre, a favor del Consell y de la ley 3/2015 que garantiza la sanidad universal en el territorio autonómico valenciano que el Gobierno de Rajoy ha recurrido ante el Constitucional para pedir su derogación.

La plataforma quiere ir aún más allá y el pasado 27 de octubre solicitó entrevistarse con el arzobispo Cañizares para pedir su apoyo a una ley que consideran «justa» y «humanitaria».

La presentación del recurso y su admisión a trámite que deja en suspenso la norma valenciana no ha perturbado el ánimo de los inmigrantes que residen en la C. Valenciana que confían en el Ejecutivo de Puig para que se mantenga la asistencia sanitaria a todo el que la necesite.

«El recurso ni la suspensión cautelar va a cambiar la situación y eso nos tranquiliza porque la Generalitat Valenciana seguirá atendiendo a los inmigrantes», declaró el portavoz de la entidad, Eduardo Béjar.

«Propongo que este tema se incluya en la Constitución para que la atención sanitaria universal no quede al libre albedrío del gobierno y para que no se nos utilice electoralmente», agregó Adolfo, del colectivo de colombianos.

«No queremos que los derechos se pierdan y de eso saben mucho los chicos de Camerún que han llegado en patera, aunque tenemos que tener claro que las cosas se ganan con lucha», recordó el uruguayo Béjar.

«El PP no ha querido aceptar que es más barato prevenir que curar, eso no lo han querido entender», apuntó el representante de los ecuatorianos.

La portavoz del colectivo de Argelia, Houria Sehili, que acude a los hospitales, juzgados y comisarías a traducir y acompañar a personas de nacionalidad árabe y subsaharianos resaltó que en los centros hospitalarios „sobre todo en urgencias„ ha visto a personas que no tienen documentación y que viajan hasta España para sobrevivir a las que no se les puede suprimir la asistencia sanitaria. Houria relató que hay bastante argelinos que han comprado pisos en Valencia que quieren venir en vacaciones y que se sienten intimidados porque carecen de aseguramiento sanitario.

Programas de asistencia

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad declaró ayer que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la ley valenciana que prevé la sanidad para inmigrantes irregulares no significa que no se les atienda sino que se debe hacer a través de los programas de servicios sociales, informó Efe.

La suspensión es el procedimiento habitual en estos casos, apuntó el ministerio, que señaló que a los inmigrantes irregulares hay que atenderlos dentro de las competencias autonómicas de servicios sociales.

Por su parte, la presidenta del PP en la C. Valenciana, Isabel Bonig, pidió ayer al Consell que explique a los ciudadanos «porqué en septiembre de ese año no acudió a una reunión con el Gobierno para llegar a una cuerdo sobre la atención a los inmigrantes irregulares».