«El derecho a la salud debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone». Con esta declaración cerraba el Tribunal Constitucional el caso de supuesta inconstitucionalidad que el Gobierno de Mariano Rajoy había planteado contra el decreto ley del País Vasco que universalizaba y extendía la atención sanitaria a todos los inmigrantes, con y sin papeles.
La sentencia se dictó el 17 de diciembre de 2012 y supuso el espaldarazo legal a la situación de «desobediencia» del País Vasco, que hizo oídos sordos al Real Decreto ley 16/2012 que excluía a los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria.
El caso del País Vasco volvió a reproducirse en Navarra, cuando la comunidad foral aprobó la ley 8/2013 que reconoce el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita en el sistema sanitario público a todos los residentes, incluidos los extranjeros en situación irregular, sin exigir un periodo mínimo de residencia. A pesar de que el Gobierno la recurrió al Constitucional, el alto tribunal autorizó su aplicación hasta el pronunciamiento definitivo y en la actualidad unas 2.500 personas cuentan con tarjeta sanitaria.
Con estos precedentes jurídicos y con una sintonía uniforme en todas las comunidades autónomas „salvo en La Rioja„ de dar atención sanitaria a todos los inmigrantes irregulares, el Gobierno central recurría el pasado 23 de octubre el decreto ley de la Generalitat Valenciana que extiende la asistencia sanitaria a tod0s lo que quedaron fuera del sistema hace tres años.
Previamente, el Ministerio de Sanidad a través del subsecretario, el castellonense Rubén Moreno, ya se encargó de atemorizar a las autonomías anunciando «multas millonarias» por parte de la Unión Europa a todos aquellos (gobiernos autonómicos) que se salieran de la «norma estatal». Incluso invocó un informe de la Abogacía del Estado para consolidar el miedo.
Las normas de Cifuentes
El ministro enmendó esas declaraciones intimidatorias que no lograron amilanar a los Ejecutivos autonómicos, ni siquiera a los suyos propios del Partido Popular, como el de la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que a finales de agosto envió una circular interna a los gerentes de los departamentos de salud en los que decía que se tenía que dar asistencia a todas las personas que lo solicitaran, independientemente de su nacionalidad y de su situación legal.
«Absolutamente reprochable»
«¿Qué hace un gobierno oponiéndose a que la gente tenga asistencia sanitaria?», se preguntaba ayer ante Levante-EMV el portavoz de sanidad del grupo socialista en el Congreso, José Martínez Olmos que durante años fue secretario del ministerio. «Es absolutamente reprochable», respondió el parlamentario.
Todas las comunidades incluso las gobernadas por el PP (Castilla-León, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla y Madrid) salvo la Rioja, han dictado instrucciones o han dado normas específicas para esquivar la prohibición estatal que excluyó a los sin papeles y dar asistencia a cualquier persona que lo necesite.
El recurso del Gobierno Central que solicita la anulación del decreto ley de la Generalitat Valenciana invocaba el artículo 161,2 de la Constitución (conflicto del Estado con las autonomías) y añadía que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados, prestaciones y la financiación.
Y es en este sentido de ahorro, que fue por lo que se excluyó a los irregulares de la sanidad pública en 2012, donde ya se pronunció el alto tribunal a favor del País Vasco hace tres años, al priorizar el derecho a la salud sobre cualquier tipo de discriminación a pesar del gasto.
