Una Diputación de Valencia volcada en los municipios y no como instrumento para proyectar carreras políticas personales a base de competir con la Generalitat en cortes de cinta de postín, servicios de toda índole y saraos. Algo que, bien como resultado de la herencia histórica o fruto de iniciativas del pasado más reciente, se ha traducido en una Administración que gestiona desde centros sanitarios a educativos, museos, talleres ocupacionales o instalaciones agrícolas. Un marasmo de competencias solapadas con la Generalitat que lastran las posibilidades de la institución de asumir, más si cabe, el papel de pilar de los alcaldes. La traducción directa de ello es la cesión al Consell de todos los servicios que ahora mismo gestiona la diputación y que no le corresponderían, comenzando por el Hospital Psiquiátrico de Bétera, el Instituto de Audiofonología (IVAF), el Muvim y el Museo de Prehistoria y Etnología (en la Beneficéncia).
Es el proyecto del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, empecinado en que la institución dedique todas sus energías en dar respaldo a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños. Aunque la reflexión ya se ha concretado y, según pudo saber Levante-EMV, ya ha habido conversaciones con la Conselleria de Educación para la cesión del IVAF, situado en las instalaciones del colegio Lluís Fortich, de Valencia. Este caso ejemplifica la situación actual. Es un centro de infantil, primaria y secundaria en el que se integran alumnos con problemas auditivos. En el centro se ubican también las dependencias del IVAF como tal, que complementa el trabajo del aula. Lo coherente es que este centro estuviera integrado en la red del Consell.
Más complejo se presenta el caso del Psiquiátrico de Bétera. Y es que la legislación sanitaria no permite al Consell tener psiquiátricos. De este modo, en caso de cesión, los alrededor de 80 internos quedarían bajo la atención de la Conselleria de Sanidad y, probablemente, deberían ser reubicado en pisos tutelados. El Consell se quedaría el inmueble, que podría ser reconvertido en un centro sanitario de otro tipo, como un ambulatorio. En cuanto al Museo Valenciano de la Ilustración (Muvim) y al Museo de Prehistoria, pasarían al Consorcio de Museos (Conselleria de Cultura).
La transferencia de servicios impropios afectaría también las escuelas de capataces agrícolas de Catarroja y de Requena, ésta última relacionada con el vino, que vienen a ser centros de FP. Igualmente, se pretende que Educación asuma en un futuro los en torno a 50 profesores de Educación Permanente de Adultos aprobados en el pasado y que se solapan con la red de EPA del Consell. Asimismo, en el proyecto de Rodríguez también se transferiría un centro ocupacional de discapacitados ubicado en el centro de FP Misericòrdia.
Una 'reconversión industrial'
La diputación negociaría con el Consell el futuro del personal, inmuebles y aportaciones económica. Pero la idea es que la corporación se quede con el personal de estos centros, que serían reubicados para potenciar y crear nuevos servicios para los municipios. La Generalitat, por su parte, tomaría las riendas y tendría que dotar los servicios con funcionarios propios.
Para la corporación provincial sería como una suerte de «reconversión industrial» del personal, según definió ayer gráficamente un responsable. La institución está convencida de que los funcionarios se implicarán en el proyecto de hacer la diputación un instrumento «útil» para los alcaldes y recuperar el prestigio. El proyecto de Jorge Rodríguez engancha directamente con los planes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de racionalización y reordenación de competencias para que las diputaciones, mientras no sea viable su eliminación, se centren en el servicio a los alcaldes.
