La totalidad de los docentes, educadores y monitores en colegios, institutos, comedores, transporte escolar e incluso actividades extraescolares, están obligados a justificar por escrito y «a la mayor brevedad» que no son pederastas.
El Ministerio de Educación llegó ayer a un acuerdo firme con las autonomías para garantizar que ningún condenado por delitos sexuales, con sentencia firme, trabaje en un centro educativo.
Esto obliga a todos los trabajadores de centros docentes públicos, privados y concertados, a aportar una «certificación negativa» del Registro Central de Delincuentes Sexuales, aunque hasta que este registro funcione plenamente la acreditación se puede obtener del Registro Central de Penados.
El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, que ayer asistió a la Conferencia General de Educación que alcanzó dicho acuerdo, consideró «positivo» que se pueda hacer cumplir la ley de la manera «más efectiva posible». De esta forma, los condenados por sentencia «no podrán estar en contacto con los alumnos».
Permiso para verificar datos
Desde la conselleria deben decidir si se solicita dicho certificado a cada uno de los más de 65.000 docentes, educadores y monitores de la Comunitat, o bien se les pide el consentimiento para poder consultar dichos datos en el registro.
El acuerdo busca «garantizar la protección efectiva de los menores, así como la tranquilidad de las familias y de los propios centros educativos», en cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Cuando se trate del personal que acompaña a los niños en los autobuses o de actividades extraescolares, la conselleria solicitará dichos certificados a las empresas.
