Uno de los planes estrella de la Generalitat en el arranque de la legislatura colapsará los ayuntamientos de la Comunidad. Al menos, eso sentencia el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. El colectivo que aglutina a los altos funcionarios de ayuntamientos y diputaciones maneja un documento interno en el que se advierte de las dificultades que entrañará el impulso de la «Xarxa Llibres», el proyecto que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación para abonar a cada familia hasta 200 euros por la compra de libros de texto.
El informe, al que ha tenido acceso este diario, pone multitud de peros a la línea de subvenciones y reitera que las entidades locales carecen de personal suficiente para poder desarrollarla a la perfección. «Se debe dejar constancia que la participación de los Ayuntamientos no se limita a la cofinanciación, sino a la tramitación y gestión de las ayudas, para lo que se requerirá disponer de los medios humanos y materiales para la recepción de solicitudes, la concesión y el pago de las subvenciones, así como la justificación de las mismas», señala el documento. Y añade: «Ha de tenerse en cuenta que será una convocatoria de subvención con un número muy elevado de beneficiarios y que su tramitación es probable que sobrepase la capacidad de gestión municipal».
Tal es la carga de trabajo que deberán asumir los consistorios que hasta el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros ha recomendado a los altos funcionarios que plasmen por escrito esa falta de medios para poder fiscalizar la concesión de las ayudas. El objetivo es claro: eludir una posible irregularidad de responsabilidad contable. «Se recomienda hacer mención en el informe a emitir por el Interventor, o Secretario- interventor, que los medios personales y materiales que tiene a su disposición para cumplir con las funciones de control interno que la normativa establece en relación a las subvenciones no son suficientes ante la carga de trabajo adicional que suponen estas ayudas (...) a efectos de responsabilidad contable», reza el escrito. Y apostilla: «Y en su caso extenderlo para el resto de funcionarios municipales implicados en la nueva gestión de estas ayudas, que también podrían verse afectados por responsabilidad contable».
Junto al colapso, el Consejo también ha advertido de que la orden contiene posibles irregularidades. Una de ellas, la asunción de competencias impropias. La Generalitat se encarga de las actuaciones educativas y las entidades locales han de velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, por cooperar para obtener solares en los que se construyan centros educativos y por el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones. El plan de ayudas sin embargo, obliga a las corporaciones locales a afrontar «una competencia distinta».
