La Fiscalía Anticorrupción de Valencia no ve delito penal en la adjudicación de plazas de residencias que hizo el expresidente de las Corts Juan Cotino durante su etapa de conseller de Bienestar Social a empresas de su familia y ha archivado las diligencias.
El ministerio público estuvo investigando estas adjudicaciones alrededor de un año y decidió archivarlas el pasado mes de mayo/junio al no ver delito penal, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.
El caso parte de una denuncia interpuesta por EUPV en julio de 2004 contra Juan Cotino por si podía haber cometido un delito de tráfico de influencias cuando adjudicó, en su etapa de conseller de Bienestar Social, plazas de residencias por valor de 15 millones de euros a las empresas Savia-Gerocentros, vinculadas a su familia.
Para ello, la diputada de EU Esther López entregó a Fiscalía todos los expedientes de las adjudicaciones de estas plazas residenciales en mayo 2009 que se realizaron cuando Cotino estaba al frente de Bienestar Social, si bien la publicación de estas resoluciones fue ya en su etapa de conseller de Medio Ambiente.
Así mismo, entregó una serie de transcripciones de escuchas enmarcadas en la pieza del Plan Rabassa dentro del caso Brugal entre el sobrino del expresidente de las Corts, el empresario Enrique Ortiz y el consejero delegado de Centros Residenciales Savia, Arturo Alario, en las que "se habla de que al parecer Cotino tiene intención de llenarles las residencias", según denunció EUPV en su momento.
Del mismo modo, adjuntó otras escuchas en marzo de 2009 de las que se desprendía la posibilidad de que conseller "cambiara la normativa" para que aumentara la concertación al 100 por cien de las plazas residenciales de las que "ya tenían el 40 por ciento los centros residenciales vinculadas a la familia Cotino". Además, señaló que estas adjudicaciones se produjeron en "un procedimiento negociado sin publicidad".
Tras conocerse el archivo de la investigación, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha lamentado que la causa "haya acabado así", "desestimando pruebas que abundaban en el trato de favor, como los audios en el caso Rabassa y otras que eran bastante concluyentes", ha indicado en declaraciones a Europa Press.
No obstante, ha indicado que su formación política "asume lo que la justicia diga", pero siente que "no haya tenido en cuenta todas las pruebas que se podían haber visto y se haya terminado así". "Cumplimos con nuestra obligación de poner los hechos a disposición de Fiscalía y acatamos que éste haya sido el final".
