El pleno de Les Corts Valencianes ha convalidado hoy, por unanimidad, el decreto ley por el que se hace efectiva la recuperación de parte de la paga extraordinaria de 2012 para los funcionarios valencianos y el resto de personal de la Generalitat.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha presentado el decreto en el Parlamento valenciano, donde ha defendido que con esta medida se pretende devolver a los trabajadores al servicio de la Generalitat "unos derechos económicos y laborales" que les fueron quitados por el Gobierno.
Soler ha afirmado que no tiene sentido privar al personal laboral de la Generalitat de unos derechos que se han devuelto a los trabajadores públicos estatales, ni tampoco pueden estos trabajadores, según el conseller, verse perjudicados por la infrafinanciación que padece la Comunitat.
En este sentido, ha dicho que si el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) prometido por el Gobierno llega "ya", se puede tener "liquidez suficiente" para devolver esa parte de la paga extraordinaria en el mismo mes noviembre.
El decreto contempla que el personal del sector público percibirá la parte proporcional "de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria", y las pagas adicionales correspondientes, relativas al mes de diciembre de 2012.
También establece la recuperación de los días adicionales por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos propios, que fueron suprimidos por el Gobierno junto a la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
En concreto, la norma incluye el aumento de los días de libranza por asuntos propios vinculado a la antigüedad en el puesto, y establece los días de vacaciones en función también de la antigüedad, desde 23 días hábiles a partir de los 15 años, a los 26 en el caso de llevar más de 30 años de servicio.
El grupo popular ha apoyado la recuperación de la paga, pero ha defendido "la retención" de la misma en 2012, en un momento en el que "el paro en España estaba desbocado" y la "única ayuda" que podía pedir el Gobierno era el rescate, lo que hubiera supuesto "el despido masivo de funcionarios".
El grupo socialista ha defendido que este decreto supone una "reparación al expolio que sufrieron los trabajadores públicos en 2012", con la aprobación por parte del Gobierno de "un paquete de recortes duros", entre los que estaba la supresión de paga extra y de otros derechos laborales logrados en la función pública.
Compromís ha felicitado al Consell y a los grupos por devolver "parte de los derechos laborales" a miles de trabajadores, mientras que Ciudadanos ha afirmado que los empleados públicos han sido "injustamente tratados" y se les ha convertido "casi en los culpables" de la situación de colapso de la Administración.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, quien ha recordado que en esa época era funcionario y por tanto damnificado de las políticas del PP, ha asegurado que la reparación de la paga extra es "una cuestión de justicia absoluta" con un colectivo que ha pagado "parte de los platos rotos".
