El conseller de Educación, Vicent Marzà, señaló ayer ante la visita de inspectores del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a su departamento revelada en exclusiva por Levante-EMV, que el Consell y el BEI «investigan y analizan todo lo que ha pasado tras demasiados años de vergüenza en la gestión de la Generalitat de dinero público y, en concreto, respecto a la construcción de centros educativos».

«Sabemos que no se ha destinado el dinero a lo que tocaba», asegura Marzà respecto al préstamo de 650 millones de euros que transfirió el BEI en 2008 al Consell de Francisco Camps para construir o reformar centros docentes en barracones. Bajo el nombre de Creaescola estaban previstas 409 actuaciones con una inversión de 1.604 millones , la mitad de ellos financiados con fondos europeos y el resto aportados por el Consell.

Seis años después, en 2014, la federación provincial de Ampa FAPA-València denunció ante el Parlamento Europeo que 114 colegios de los 409 con financiación europea no se habían ejecutado. La Eurocámara ordenó al BEI este pasado enero que investigará el destino de su préstamo. El banco, tras cerrar la línea de crédito al Consell para infraestructuras educativas en la quedaban 100 millones por transferir, apreció que restaban 46 centros por acometer.

La Generalitat de Alberto Fabra, para evitar una cuantiosa sanción de Bruselas, acordó el pasado abril con el BEI terminar 32 de los colegios pendientes. Todo ello antes del final de 2017 y con 187 millones de inversión por parte del Consell.

«Todo el dinero del BEI ha ido a construir escuelas», dijo la entonces consellera de Educación, Mª José Català, mientras desde su departamento se informaba de que el problema radicaba en que «los anteriores gestores de la Generalitat no pusieron su parte de la inversión», en referencia al ejecutivo de Camps.

Una explicación que ahora cuestiona Marzà al subrayar que trabaja con el BEI «para determinar y decir bien claro que no se ha destinado» el préstamo «a lo que tocaba». Por ello, añade, que la conselleria trata de «poner orden a todo eso, sacar a la luz lo que se ha hecho y determinar cómo se ha gestionado hasta ahora el dinero de todos».

El conseller insiste en que los inspectores del BEI «están determinando lo hecho por el gobierno anterior», mientras la conselleria está «dando alternativas para que ese dinero llegue donde tiene que llegar, a hacer las escuelas y que todos lo niños y niñas tengan las infraestructuras que necesitan».

Cuando el anterior Consell pactó los 32 colegios a ejecutar, dos de ellos ya estaban acabados, seis se encontraban en obras y otros dos se habían adjudicado. Desde enero hasta el traspaso de poderes del 28 de junio, el PP licitó por 74,3 millones 12 de los centros pendientes. Concursos que Marzà se ha comprometido a adjudicar.

Cuatro centros más a construir

El objetivo de la inspección del BEI, solicitada por el organismo europeo, es verificar el seguimiento del acuerdo de abril por parte de la nueva Generalitat. A los 8 centros que restan por licitar, la conselleria ha pedido incorporar otros cuatro de los 14 del Creaescola descartados por Català. Esto eleva el compromiso de inversión de la Generalitat hasta los 190 millones, parte de los cuales ya están incluidos en los 75,6 para infraestructuras educativas presupuestados para 2016.

Entre los cuatro centros que Educación incorpora a la lista del BEI, a falta del visto bueno de Bruselas que se confía en conseguir, hay dos colegios integramente en barracones: el Cremona de Alaquàs y el Princesa de Asturias de Elx.

También se incluye la edificación de una nueva escuela anexa al colegio Mare de Déu del Miracle de Rafelbunyol con el fin de descongestionar este centro, que con 936 escolares es el colegio público con más alumnos de la C. Valenciana. El cuarto es otro centro de nueva creación, el instituto de Secundaria de Nou Patraix de Valencia, destinado a desmasificar el Juan de Garay, el único instituto de la ciudad con doble turno.