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Un informe alertó de que no había «ningún control del gasto» ni normas para contratos menores de 50.000 €

El director financiero que sustituyó al de confianza de Benavent llegó en 2014 y fijó instrucciones para contratar

La caja de caudales de la principal empresa pública de la diputación era un pozo sin fondo porque quienes la gestionaban, empezando por el exgerente Marcos Benavent, no practicaban la austeridad „a tenor de la documentación judicializada„, pero también por la falta de mecanismos de control del gasto, especialmente en los contratos de menos de 50.000 euros. Tampoco estaba reglado el mecanismo y los requisitos para este tipo de concesiones.

Una auditoría externa encargada por el interventor de la diputación revela que Imelsa «no tiene predefinido ni establecido ningún procedimiento para tramitar adjudicaciones de contratos menores». Así se indica respecto a los gastos de 2011 y 2012. Esta laguna normativa era una de las razones para explicar el «elevado número de contrataciones realizadas bajo esta modalidad [contrato menor que se otorgaba a dedo], frente al adjudicado mediante procedimiento negociado o abierto». «La sociedad no realiza un control del gasto ya que no se dispone de un control trasversal operativo, funcional o por departamentos, que permita agrupar los suministros y servicios (...) e identifique qué servicios superan los límites establecidos», establecía el informe encargado por la diputación a la consultora Gesem.

Requisitos de última hora

Ello explica que en algunos contratistas «la facturación de 2011 y 2012 supera los límites del procedimiento menor», advierte el informe. La empresa no tenía «establecido procedimiento para tramitar adjudicaciones de contratos menores» hasta 2014. Ese año se observa, apunta el auditor, «una mejora considerable (...) en cuanto a requisitos exigidos e implantados por los departamentos económico-financiero y jurídico». Elaboraron «directrices de obligado cumplimiento» en contratos menores.

Para poder validar el gasto pasó a exigirse un informe de «la necesidad que pretende cubrirse con el contrato», un «documento acreditativo de la existencia de crédito suficiente y adecuado», la «declaración responsable firmada con dos anexos, dependiendo de si se trata de suministros o servicios» y, en cuarto lugar, la solicitud de tres presupuestos para aquellos importes superiores a 18.000 euros.

Esas exigencias de control fueron establecidas por el director económico que sustituyó a José Enrique Montblanc, colocado por Benavent y de su total confianza.

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