Las crónicas jurídicas y periodísticas de la última década en la Comunitat Valenciana las han protagonizado los casos Terra Mítica, Fabra, Gürtel, Bankia, Brugal, Emarsa o Imelsa. Son un síntoma de que «algo iba mal» en la sociedad valenciana. Todos se han judicializado. Pero «la respuesta penal a la corrupción es una respuesta que llega tarde». «La corrupción se comienza a erradicar desde la sociedad. Los tribunales somos el último instrumento», defienden Jose Antonio Martín Pallín (fiscal y magistrado emérito del Supremo) y Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD). Ambos participaron el viernes en las «I Jornadas europeas ciudadanía y lucha contra contra la corrupción» organizadas por el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, en el Centre Octubre, durante dos días.

No ha sido un camino fácil el recorrido durante los últimos años. «Nos sentíamos solos como fiscales. Sentíamos una absoluta soledad, porque éramos los aguafiestas de la fiesta en la que se había convertido la Comunitat Valenciana», defendió el Fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, al presentar a Martín Pallín. Para Torres la proliferación de tantos casos no es más que un síntoma de que «hemos fallado como sociedad durante los últimos diez años, porque no habido una respuesta de la sociedad en la lucha contra la corrupción». Una realidad que provoca «pena, tristeza y dolor, porque detectas que la corrupción la provoca la avaricia de querer más poder y más dinero. Se produce un daño a la sociedad y es obligación de la sociedad responder a este problema».

Sobre las maneras de combatirlas, los juristas apuntaron algunas respuestas. Para Martín Pallín no es necesario incrementar las leyes, simplemente cumplirlas. «Como decía Norberto Bobbio [el jurista considerado filósofo de la democracia], "escribir un texto jurídico es muy fácil, lo importante es que lo que se dice se haga real». Y destacó la importancia de la prevención y la educación. «Se aprende desde la escuela. Por eso no se entiende cómo se opusieron con una ferocidad propia de la época de las cavernas a la asignatura de "Educación para la ciudadanía". Algo falla cuando se cree que se imparte para adoctrinar». El magistrado emérito del Supremo se mostró más preocupado por las «prácticas corruptas en el sector privado que las del público, porque en este último los puedes echar con votos, pero en el sector financiero son difíciles de echar democráticamente y hay mucha gente por encima de la ley: los que dirigen las finanzas desde la City londinense o Wall Street». Bosch (JpD) defendió la necesidad de reformas «que limiten la discrecionalidad en los contratos y el urbanismo, porque son los ámbitos más proclives a la corrupción», además de mayores controles internos de la administración reforzando la Sindicatura de Comptes.

El juez abogó por reformar la financiación y funcionamiento de los partidos «muy jerarquizados, con poca transparencia y mucha opacidad», además de limitar «el número de mandatos, tanto en la administración como en los partidos». También reclamó «mejorar los medios de persecución de la corrupción: a la fiscalía le faltan recursos y los jueces trabajan al 200%. España es el país con menos jueces -estamos por detrás de Albania y Moldavia según el Consejo de Europa- pero con mayor índice de corruptos», denunció.