El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 1.623.819 euros el quebranto sufrido por las arcas de la Generalitat Valenciana como consecuencia de las ayudas concedidas por el Gobierno valenciano a distintos proyectos que debían de realizarse en Nicaragua y que nunca llegaron a ejecutarse.

El juez declaró ayer «responsables contables directos y solidarios» al exconseller Rafael Blasco Castany; al ex subsecretario de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Alejando Hugo Catalá Bas; a Marcial López López, presidente de la Fundación Cyes; a Marcos Antonio Llinares Picó, exjefe de Área de Cooperación al Desarrollo; a Agustina Sanjuan Ballesteros, exsecretaria general de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007 y 2012, y al empresario Augusto César Tauroni Masía.

Los condenados tendrán que asumir también el pago de las costas provocadas por el juicio así como de los intereses devengados desde la fecha en la que la Generalitat transfirió el dinero a las ONG que presuntamente debían ejecutar las inversiones en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros. No obstante, el Tribunal de Cuentas no ha realizado el cálculo de estos intereses, que podrían ascender a varios miles de euros.

Actuaron con dolo

En una sentencia de 93 páginas, el consejero José Manuel Suárez considera que tanto Blasco como los que fueran altos cargos de su departamento, al igual que el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes „sin relación con la constructora del mismo nombre„ Marcial López, actuaron con dolo y provocaron un perjuicio en los fondos públicos por sus acciones u omisiones de forma «consciente», por lo que tenían voluntad de «cooperar en los hechos y contribuir a que se eludieran los mecanismos de control».

En concreto, señala que Blasco y sus tres ex altos cargos tenían la «capacidad de seguimiento, control y decisión de los expedientes de subvenciones».

Los más de 1,6 millones de euros malversados se destinaron en su mayor parte a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia. Inicialmente, la Generalitat Valenciana reclamaba 1.951.290 euros, cantidad que se ha visto reducida.

El Tribunal de Cuentas también condena como responsables contables subsidiarios a la Fundación CYES y a la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed SL, que presidía Tauroni.

Cumplimiento de penas

El Tribunal Superior de Justicia impuso ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación a Rafael Blasco por el conocido como Caso Cooperación, como autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y falsedad en documentación oficial.

A esta sentencia, por la que el ex conseller cumple penas de prisión, hay que sumar ahora la obligación de devolver a las arcas públicas el quebranto sufrido por la actividad delictiva de los condenados.

Además, la mayoría de los responsables contables de la malversación de los 1,6 millones de euros ya fueron acusados en la primera pieza que se juzgó del «Caso Cooperación».

Actualmente, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la parte penal, se encuentran cumpliendo prisión igual que Tina Sanjuán y César Augusto Tauroni, condenado a seis años de cárcel. Alexandre Catalá fue sentenciado a cuatro años y medio y Marcial López a tres años y nueve meses.