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Medida

Podemos plantea vetar el desembarco de políticos en los entes estatutarios

Propondrá la modificación de la ley de la Sindicatura y del Consell Jurídic para endurecer el acceso desde un cargo

Podemos plantea vetar el desembarco de políticos en los entes estatutarios

¿Es legítimo que entes consultivos o de control al Ejecutivo como la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu tengan en sus órganos directivos a políticos sin pasar previamente por un periodo de 'desintoxicación'? A Podemos le parece que no y por eso está preparando una ofensiva legal en las Corts para vetar el desembarco de cargos públicos en los entes estatuarios, algo que ha sido habitual en los últimos tiempos en la Comunitat Valenciana. La formación que lidera Antonio Montiel quiere ir más allá en la lucha de las fuerzas de izquierdas contra las puertas giratorias y está trabajando en varias propuestas para que la ley de incompatibilidades no sólo afecte a los altos cargos que, tras su actividad pública, se marchan al sector privado.

A Podemos le preocupa el viaje desde lo público a lo público, es decir, que un cargo público (diputado o alto cargo de la Generalitat) acabe presidiendo o influyendo en una institución que controla la Generalitat. Por lo pronto, antes de que acabe el año, Podemos presentará dos proposiciones de ley para introducir requisitos más estrictos para acceder a la Sindicatura de Comptes y al Consell Jurídic Consultiu (CJC). Básicamente, los podemitas quieren ampliar las causas de ilegibilidad para que tenga que pasar un periodo de tiempo antes de que alguien que ha prestados sus servicios en el ámbito político pueda formar parte de estos organismos. También plantean una limitación de mandatos superior a la que existe en la actualidad.

Se da la circunstancia de que ambos órganos consultivos tendrán que renovarse en el próximo año. La Sindicatura de Comptes cambiará de representantes en junio de 2016 y el Jurídic Consultiu, cinco meses después, es decir, en noviembre. Podemos quiere que los cambios en la ley de creación de estos entes estén listos antes de estas fechas. De ahí que serán los primeros que se abordarán. Después el objetivo es despolitizar la Sindicatura de Greuges, cuya renovación fue pactada la pasada legislatura entre PP y PSPV.

Podemos ha hecho un estudio comparado del funcionamiento de estos organismos en otras comunidades autónomas y ha llegado a la conclusión de que el régimen en la Comunitat Valenciana es de lo menos estrictos. Así, por ejemplo, para que un político en activo forme parte de la Sindicatura de Comptes sólo tiene que pasar un año de descompresión. En otras comunidades, este periodo es superior. En Cataluña el periodo de incompatibilidad es de cuatro años, en Madrid, de cinco años y en Aragón de dos. Podemos también quiere que los mandatos estén más limitados.

En el Consell Jurídic Consultiu, por ejemplo, un consejero puede estar hasta quince años si apura tres mandatos completos de cinco años. Es el caso del actual presidente del CJC, Vicente Garrido, que cuando la institución sea renovada en noviembre de 2016 habrá estado casi 18 años en el órgano consultivo. En esta institución no existe ningún tipo de incompatibilidad que tenga que ver con el origen político de sus miembros. De hecho, como ha ocurrido, un alto cargo o un diputado puede pasar sin solución de continuidad de un ámbito a otro. No es de extrañar que varios de los consejeros electos provengan directamente de la política.

Según fuentes de Podemos no es «saludable» que un organismo que tiene entre sus funciones informar de proyectos de ley o de casos de responsabilidad patrimonial esté conformado por personas que en un pasado reciente trabajaron para la Generalitat como alto cargo o para un partido político.

Cabe recordar que Podemos ya ha presentado en las Corts una proposición de ley para revocar el estatuto de expresidentes y, en consejo, su derecho a incorporarse como miembros natos en el CJC. Los podemitas necesitan el respaldo del PSPV y Compromís para sacar adelante sus cambios, ya que es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. En el caso del estatuto de expresidentes, hay discrepancias, ya que el PSPV no ve claro dejar a cero las prerrogativas de los exmandatarios.

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