La Policía Local de Valencia no identificará a ninguna persona por su «perfil racial» para saber si se encuentra en el país de forma regular o irregular. Y es que para el gobierno tripartito de la ciudad que una persona tenga o no sus papeles en regla es una «falta administrativa» que en ningún caso debe ir ligada a su detención ni a la privación de libertad.
Así lo firman los tres portavoces del Gobierno „Jordi Peris, de València en Comú; Joan Calabuig, del PSPV y el alcalde Joan Ribó por Compromís„ en una propuesta de acuerdo que aprobará el próximo pleno con el firme compromiso de «garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales y privada de libertad por el simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular». Es más, el texto especifica que se «comunicará a los diferentes cuerpos policiales que actúen en la ciudad, de forma escrita y mediante los organismos de coordinación existentes, la oposición de este ayuntamiento a la identificación basada en el perfil racial, la detención y traslado al CIE de ningún vecino de la ciudad».
Pero ahí no queda la cosa. La propuesta incluye que las empresas adjudicatarias del transporte tampoco colaboren en las identificaciones raciales. Y es que numerosas redadas se organizan en las salidas o llegadas de autobuses públicos a determinados lugares estratégicos como el aeropuerto o las estaciones de tren, según afirmaron ayer fuentes municipales.
Por ello, la propuesta de acuerdo insta al personal contratado para el desarrollo de los servicios de transporte público a que «no colabore en la realización de identificaciones basadas en el perfil racial» y que en el caso de que haya una persona que no tenga la documentación acreditativa «de una situación administrativa regular no se dé aviso a los cuerpos de policía». Además, el documento incluye la adhesión del ayuntamiento a los acuerdos sobre el cierre del CIE Zapadores, así como instar al Gobierno español a que inicie su clausura «en el término más breve posible» y «en un máximo de seis meses».
De esta forma, el Ayuntamiento de Valencia inicia un «camino firme» hacia «un cambio de paradigma en las políticas de migración, extranjería y asilo» para concebir la inmigración como un derecho además de «como lo que es: un fenómeno social y complejo, consustancial a cualquier época histórica».
Así, el Ayuntamiento de Valencia «rechaza los controles policiales basados en perfiles étnicos por ilegítimos, discriminatorios, racistas e injustos» porque «vulneran los derechos fundamentales, atentan contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijos en la legalidad vigente, socavando los principios del Estado de Derecho». Y es que para el gobierno tripartito los controles de «segregación social levantan fronteras internas y potencian la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera».
Siempre bajo sospecha
Como consecuencia, «generan un imaginario estigmatizador que relaciona inmigración con delincuencia, presentando a la población migrada como enemiga, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social». Por ello, el gobierno defiende que la «alta frecuencia de los controles «refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios».
