La Conselleria de Sanitat Universal quiere controlar a fondo la realización de resonancias, unas pruebas que salvo en el caso de dos hospitales de la Comunidad -el Peset y Sant Joan- están en manos de empresas privadas. El objetivo de la consellera Carmen Montón es que radiólogos de hospitales públicos supervisen la petición de estas exploraciones y posteriormente las informen en aquellos departamentos en los que el servicio esté privatizado.
Y es que, según explican desde el departamento de Carmen Montón, el número de resonancias en la C-. Valenciana se ha disparado desde que se privatizó el servicio en el año 2000, sobre todo en la primera adjudicación que finalizó en 2008. Tanto, que una auditoría realizada en 2013 por la Sindicatura de Comptes revela que en la C. Valenciana se realizan 37 resonancias por cada mil habitantes frente a la media nacional que es de 21,45.
La diferencia representa un 72,5% más de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha investigado a una de las concesionarias por presuntamente duplicar pruebas y facturar no realizadas.
En este sentido, la conselleria quiere extender el denominado «modelo de contrato C» con estas empresas, por el que se instalan equipos privados en instalaciones públicas como hospitales supervisados, una modalidad contractual que además supone un ahorro económico.
Fuentes de la conselleria aseguran que se puede ahorrar hasta un 15% por cada exploración que sea supervisada e informada por un radiólogo de la sanidad pública. Actualmente, la conselleria desembolsa unos 170 euros por cada resonancia que realizan las empresas privadas concesionarias de este servicio.
17 millones de euros
La Conselleria de Sanitat Universal asegura que con esta medida se cumple con una de recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, que estima que el rescate de la concesión de las resonancias puede aportar a las arcas públicas un ahorro de hasta 17 millones de euros. También niega que con la misma se quiera restringir la capacidad de los médicos de pedir las pruebas necesarias.
La presencia de profesionales de la sanidad pública en las empresas privadas de resonancias se hará paulatinamente a lo largo de 2016. «Nos hemos reunido con las sociedades de radiólogos y nos han pedido este margen de tiempo para que la gente pueda actualizar sus conocimientos», señala Montón.
La intención de la consellera es que los profesionales de la pública puedan especializarse en una tecnología que hasta ahora estaba sólo en manos de empresas privadas. La consellera Montón declaró que su departamento está colaborando con el juzgado de instrucción 15 que investiga el presunto fraude de 8,4 millones de la concesionaria Eresa a Hacienda.
