La cultura del fraccionamiento de contratos para evitar que excedan la cuantía que obliga a convocar concurso y poder así adjudicar a dedo hay quien se la toma tan a rajatabla que acaba troceándolos a tiras de entre 4 y 5,8 milímetros. Las destructoras de papel se convierten así en una herramienta para intentar acabar con facturas y documentos acreditativos de adjudicaciones por vía digital y a menudo envueltos en papel de regalo de comisiones.
El tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca, por ejemplo, adquirió una destructora que devoró planos y fotos de unos terrenos en los que la constructora Teyco, de la familia Sumarroca, logró un contrato de la Generalitat investigado judicialmente. Con tiempo, mucha paciencia y un sistema de análisis químico de papel la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconstruyó el puzzle secreto del responsable de finanzas, hallado a tiras. Y lo detuvieron.
En la Diputación de Valencia alguien pensó que una trituradora no era un mal archivador. Y dos destructoras, mejor aún. La idea surgió justo antes de las elecciones del 24 de mayo y cuando acababa de estallar el escándalo del caso Rus, también conocido como caso Imelsa por haber reventado por el lado del exgerente de esta empresa pública Marcos Benavent. Las dos trituradoras fueron adquiridas a una papelería de Valencia.
La primera, justo antes de la campaña electoral y cuando ya había trascendido la investigación de la presunta trama de comisiones en la adjudicación de contratos por parte de administraciones del PP, una red de supuestas mordidas señalada por la Fiscalía Anticorrupción, tras meses de pesquisas a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez.
Mobiliario de oficina
La destructora adquirida inicialmente se compró con «diverso mobiliario y sillería», según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. El importe de la adjudicación, con fecha de 22 de abril „una semana después de saltar a la luz el escándalo„, ascendió a 816,75 euros. Un mes después se compró una segunda trituradora. Antes de los comicios y en plena campaña electoral, según fuentes de la diputación. La máquina es una Felowes C-125i, un artefacto capaz de devorar 20 hojas a la vez, con un sistema que minimiza el ruido y otro 100% antiatasco, según se precisa en la ficha técnica del producto. Costó 659,99 euros. La fecha oficial de la adjudicación es el 12 de junio, pero el electrodoméstico llegó semanas antes. El presidente Jorge Rodríguez fue elegido en el pleno de la diputación del 14 de julio, al frente del gobierno provincial de coalición conformado por socialistas, Compromís, Esquerra Unida y València en Comú.
La compra de esta segunda máquina destructora de documentos se hizo a dedo. Se trataba de un contrato menor, al no alcanzar los 18.000 euros, la cantidad establecida en la diputación como tope para evitar el concurso, si bien entre esa cantidad y los 50.000 se establece la obligación de consultar al menos tres ofertas, un sistema propio del procedimiento negociado sin publicidad.
PEl tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) fue enviado este jueves a prisión incondicional. Tras su declaración judicial, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell atendió la petición de la Fiscalía y decretó el ingreso en prisión sin fianza de Andreu Viloca, el máximo responsable de las finanzas en el partido de Artur Mas. En su petición, los fiscales anticorrupción esgrimen el riesgo de destrucción de pruebas como argumento para prolongar su arresto. Los responsables del Ministerio Público han garantizado que no se opondrán a su puesta en libertad una vez analizada la documentación y quede garantizado el acceso a los datos que se deriven de ella. Sobre el actual tesorero de CDC pesan los trozos de documentación encontrados el 28 de agosto en la trituradora de papel de su despacho, ubicado en la sede central del partido en Barcelona. La Guardia Civil y la Fiscalía consideran acreditado que Viloca custodiaba allí documentación de obras y contratos públicos vinculados con la Generalitat, unos papeles que nada tienen que ver con su trabajo al frente de las finanzas de la formación.
