A menos de una semana de que los ayuntamientos comiencen a tramitar el pago de los primeros 100 euros del plan de gratuidad de libros de texto a las familias de más de medio millón de escolares, la medida estrella de la Generalitat en materia de educación ha encallado en los reparos legales que plantean los secretarios e interventores municipales.
Estos funcionarios de la Administración Local, garantes de la legalidad y la buena gestión municipal, advierten de que informarán en contra de dicho abono si se hace como una compra de libros a las familias por parte de los consistorios, tal como establece la orden firmada por el conseller de Educación Vicent Marzà.
Esta decisión se adoptó por consenso en la tarde del miércoles en una asamblea del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de la provincia de Valencia, a la que asistieron más de medio centenar de asociados.
«El caballo de batalla es que la orden de la conselleria no regula bien la relación de los ayuntamientos con las familias», subraya el presidente del Cosital-Valencia, Francisco Javier Biosca.
Dicha normativa especifica en su base quinta que el banco de libros «se creará mediante la compra, por parte de los ayuntamientos de los manuales a los padres». El problema radica en que los consistorios van a pagar ahora los libros, pero las familias los entregan a final de curso.
Esto, según Biosca, «no se adecúa a ningún procedimiento de contratación pública, donde no cabe el pago anticipado por un bien que no se ha recibido». «La opción compra „continúa„ nos aboca a los secretarios e interventores a tener que informar en contra, pues no se cumplen las reglas que se exigen en la Administración, que no prevén un pago anticipado»
Si estos dictámenes desfavorables llegan a producirse y un alcalde los obvia «incurriría en responsabilidad», según el portavoz de Cosital, que incide en que dichos informes negativos «llegarán al Tribunal de Cuentas».
No obstante, Biosca, quiere «dejar claro» que los funcionarios que velan por el buen funcionamiento de los consistorios «no se oponen al programa de gratuidad de libros de texto, pues el fin de nuestras objeciones legales es que salga de la manera menos mala posible».
Por ello, la solución que plantean desde el Colegio es que cada ayuntamiento, a partir de la orden de Educación, redacte unas bases de una convocatoria pública de subvenciones con la condición de que para recibir la ayuda se exija la participación de los padres en el proyecto de banco de libros.
Convocatoria de subvenciones
La entrega de los 200 euros máximo por alumno, 100 a partir del próximo 1 de diciembre presentando las facturas y otros 100 en junio si se entregan los libros en buen estado, «sólo puede hacerse si se le da a estos pagos de los ayuntamientos a las familias la forma de subvención, que es la naturaleza jurídica real de estas ayudas», recalca Biosca.
La convocatoria subvenciones para libros de texto por parte de los ayuntamientos, según el presidente de Cosital-Valencia, no tendría porque aplazar el compromiso de la Conselleria de Educación de que los consistorios pagaran los primeros 100 euros a las familias antes de fin de año. «Al contrario, agilizará los plazos, porque si se informa en contra lo dificultará todo», asegura.
