La concesionaria de las resonancias médicas en los hospitales públicos valencianos (menos el Doctor Peset de Valencia y el San Juan de Alicante) comunicó a la Conselleria de Sanidad un «error informático» que provocó una «desviación en la facturación» de 1,9 millones de euros a favor de la Generalitat, en marzo de 2013. Una incidencia que seis meses después se corrigió para arrojar una nueva desviación presupuestario, pero en este caso de sólo 97.000 euros y a favor de la concesionaria, que la empresa decidió «no reclamar», según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El boyante negocio de las resonancias magnéticas de los hospitales públicos valencianos recayó en noviembre de 2008 en la unión temporal de empresas (UTE) Erescanner Salud (formada por Eresa SL, Inscanner, Ribera Salud y Beanaca). La concesión se adjudicó por 497,1 millones de euros con una vigencia de diez años. El gasto anual de las pruebas de resonancia magnética privatizadas para las arcas públicas ronda los 40 millones de euros anuales. Un juzgado de Valencia investiga a una de las empresas concesionarias, Eresa SL (Exploraciones Radiológicas Especiales SL) por cuatro presuntos delitos contra la hacienda pública, otros cuatro por fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Un trabajador, que fue despedido, también denunció irregularidades en la facturación, aunque esta última investigación se archivó.
El error informático en la facturación se detectó en 2013 «por medio de los mecanismos de auditoría quinquenal». Erescanner Salud UTE se escudaba en que el fallo fue «ajeno a nuestra voluntad» y lo achacaba a los «departamentos médicos de los hospitales» que trasladaban a la UTE «unos conceptos médicos sobre las exploraciones realizadas que no son, en ciertos casos, coincidentes con los establecidos en el concurso y contrato» de las resonancias magnéticas. De esta manera, casi cinco años después de la entrada en vigor de la concesión, Erescanner admitía una «desviación de la facturación desde el 1 de noviembre de 2008 al 31 de diciembre de 2012 de 1,9 millones de euros, a favor de la Conselleria de Sanidad, «una desviación del 1,13% del total facturado».
Como la concesionaria defendía su intención «en todo momento» de mostrar su «escrupuloso cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato» ponía a disposición de la Conselleria de Sanidad «el importe al que se ha hecho mención, practicándose un abono por dicho importe».
Renuncia a la deuda
El detalle curioso de esta historia es que seis meses después del hallazgo del «error informático» que provocó un desvío de 1,9 millones a favor de la Conselleria de Sanidad, Erescanner redujo a la baja este importe, pero en beneficio de la propia concesionaria. «Una vez revisada la totalidad de los centros en la auditoría interna llevada a cabo, se desprende un saldo a favor de Erescanner Salud UTE por importe de 97.159, 65 euros», señalaban en un nuevo escrito fechado el 18 de septiembre.
Por ello, la concesionaria concluía que «no procede realizar abono alguno a favor de la Agència Valenciana de Salut (AVS)». Y se comunicaba, además, que «por decisión de Erescanner Salud UTE «no se procederá a reclamar dicha cantidad [los 97.159 euros] a la AVS».
Estos antecedentes y las alertas de la Sindicatura de Comptes en su informe de 2013 sobre las resonancias (que concluyó que las exploraciones con medios propios costarían a Sanidad 108,36 euros frente a los 257,19 euros de media por prueba que se pagaron a la concesionaria en 2012) han decidido a la Conselleria de Sanidad a realizar una auditoria de la facturación a Erescanner Salud UTE y a que los radiólogos de hospitales públicos revisen la petición de pruebas.
La propia concesionaria reclamó que se realizara esta auditoria el pasado 15 de septiembre para demostrar que llevan a cabo una «una gestión transparente», por temor a perder la renovación de la concesión, que finaliza en 2018, tras las investigaciones de la Agencia Tributaria y la justicia valenciana. La auditoria a Erescanner Salud la realizará la Intervención de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Hacienda.
