El pleno de las Corts ha aprobado hoy, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, una proposición no de ley de Podemos a la que se ha añadido una enmienda de Compromís en la que se pide al Consell que tome todas las medidas a su alcance, también legislativas, para impedir que durante el invierno las eléctricas puedan cortar la luz y el gas a las familias en riesgo de vulnerabilidad sin un informe de los servicios sociales que diga si su situación económica permite o no costear este gasto.

La propuesta insta también a reclamar al Gobierno una modificación del bono social eléctrico, que se aplique a todos los hogares en situación de pobreza energética con independencia de la potencia contratada o el número de miembros de la familia, tomando la renta como criterio principal.

Asimismo, pide que los costes derivados de la aplicación sean asumidos corran a cargo de las propias compañías eléctricas, hasta alcanzar las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de la Competencia, de la liquidación de la sobrecompensación que recibieron por los costes de transición a la competencia, proporcionalmente al exceso de compensación recibido.

Esta petición de las Corts tiene lugar la misma semana en que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha firmado un convenio con los responsables de Iberdrola que garantiza el suministro de energía a todas las familias que no puedan pagar el recibo. Igualmente, se facilita el acceso al bono social, que incluye un descuento del 25% en las tarifas; el aplazamiento de las deudas o el pago de las mismas por parte del consistorio a través de las ayudas de emergencia.

La Comunitat Valenciana cuenta con 50.000 familias cuyos ingresos no superan los 532 euros al mes que marca el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que implica graves dificultades para asumir las facturas del suministro eléctrico básico. Sin embargo, esta dificultad también existe en otras tantas familias valencianas que, a pesar de contar con unos ingresos mayores, afrontan las diferentes facturas con rentas de 600 o 1.000 euros, lo que también les impide hacer frente a los recibos que llegan todos los meses.

En las Corts, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha defendido hoy su propuesta al considerar que el sistema actual del actual bono social es "erróneo e insuficiente" porque toma como criterio principal el tener una potencia contratada inferior a 3kw, lo que provoca que "el 80 por ciento de las ayudas vayan a segundas residencias", en las que suele contratarse una menor potencia.

Además, ha agregado que si las eléctricas han recibido "3.587 millones presuntamente de más" por esa compensación recibida por los costes de transición a la competencia más allá de 2007, debe destinarse a sufragar este bono, en colaboración con las comunidades, si así finalmente lo declara la Unión Europea.

El PP ha presentado otra enmienda, que no ha sido aceptada, en la que proponía campañas de difusión para que los colectivos vulnerables se adhieran al bono social y dar continuidad en 2016 a las ayudas mediante el cheque energético social a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. El diputado 'popular' Vicente Casanova ha asegurado que la proposición presentada por Podemos es "absurda, tal y como se plantea" y ha incidido en que aunque no defiende a las eléctricas, sin finalmente Bruselas resuelve que devuelvan la sobrecompensación pagarán "a quien tengan que pagar, a la gente que ha pagado de más".

Desde Compromís, Maria Josep Ortega ha destacado que aunque para muchas personas la llegada del invierno significa "pasar del caloret al fred y sacar la chaqueta", para muchas familias "agrava aún más su situación" al tener que calentar sus casas, con una factura eléctrica que ha aumentado "de forma alarmante" en los últimos años. "En muchos se decide entre comer y pagar la luz, eso es muy grave", ha dicho.