La Comunitat Valenciana tiene tutelados a 2.582 menores atendidos o bien en familias extensas (2.000) o bien en familias educadoras (582). Sin embargo, tanto unas como otras reciben tarde y mal la prestación económica por hacerse cargo de los menores, según informa el Síndic de Greuges, José Cholbi. Además, aquellos que tiene deudas tributarias se quedan, directamente, sin recibir la correspondiente ayuda.
Por ello, el Síndic de Greuges ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a pagar la correspondiente subvención a todas y cada una de las familias acogedoras, independientemente de las deudas que tengan contraídas con la Administración ya que «el principal perjudicado es el menor». «Pequeñas deudas tributarias de 300 euros impiden recibir ayudas de unos 3.000 euros anuales que reportarían mayores beneficios al menor acogido», explica Cholbi en su informe.
Para el defensor valenciano, estas familias, tanto las extensas (es decir, las que tienen parentesco con el menor) como las educadoras (que no tienen vínculo familiar) son «un ejemplo de solidaridad y compromiso con la sociedad». De hecho, la acogida de uno o varios menores en el núcleo familiar no está motivada «por la cuantía de estas ayudas ni esa es la motivación principal, sino todo lo contrario» ya que tener a cargo a los menores tutelados por la Generalitat Valenciana «no solo tiene consecuencias económicas, sino que también supone un conjunto de incidencias en la dinámica relacional y en la estabilidad de las mismas».
El Síndic de Greuges entiende que la Generalitat Valenciana está obligada a prestar «todos los apoyos necesarios (económicos, técnicos, formativos...)» para garantizar el éxito de esta medida de protección. Por ello, Cholbi le pide a la conselleria que «regule la obligatoriedad de compensar los gastos producidos por el acogimiento familiar de menores, reflejando en la propia resolución administrativa de acogimiento la cuantía y duración de dicha compensación económica».
Además, solicita al Consell que elimine el otro obstáculo con el que se encuentran las familias acogedoras: las trabajas administrativas. «Los afectados deben dirigirse a diferentes administraciones (educación, sanidad, etc) para poder hacer efectivas las ayudas que deberían percibir de forma más ágil». Se trata, en definitiva, de que la resolución administrativa de acogimiento sea suficiente para acceder a las ayudas.
Más dinero y la misma cuantía
El Consell ya se ha puesto manos a la obra para solucionar el problema denunciado por el Síndic de Greuges y heredado del anterior gobierno. Por ello, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció a principios de este mes un aumento de la partida destinada a tal fin en los presupuestos de 2016 y equiparar las mismas ya que las familias extensas y las educadoras no reciben la misma cuantía.
«En concreto la partida aumenta en 1,04 millones para las familias educadoras y en 5,32 millones de euros para las extensas», explican fuentes del Consell. Es más, los módulos de las ayudas se igualan a 12 euros diarios para cada menor. Hasta ahora, las familias educadoras recibían 9 euros y las extensas, 4,5 euros, lo que suponía «una discriminación económica absurda».
