La Generalitat Valenciana tiene 700 viviendas de las que no puede disponer por encontrarse en un lamentable estado. Además, cuenta con otras tantas propiedades que tiene en régimen de alquiler y que ahora va a revisar para adecuar las cuotas a los ingresos de los inquilinos, actualizar la situación de los inmuebles e inspeccionar el estado de las viviendas respecto a los suministros de electricidad, agua y gas, así como detectar los pisos que están ocupados.

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo mediante los Planes de Intervención Integral Sostenible (Piins) que se van a llevar a abordar en grupos de viviendas del parque público ubicadas en zonas deprimidas. Se trata, en definitiva, de actualizar el parque público de viviendas para ponerlo a disposición de quienes precisan de un lugar donde habitar.

Sin embargo, para llevar a cabo estos planes de actuación de las zonas más deprimidas, la conselleria de Vivienda trabajará codo con codo con los servicios sociales de los ayuntamientos para centrarse «en la normalización, la atención social y la regeneración de diversos colectivos».

Reuniones con 50 municipios

De esta forma, la Generalitat trabajará en colaboración con ayuntamientos y servicios sociales para «sumar sinergias y mejorar la respuesta a las necesidades de vivienda existentes en la población». La conselleria ya ha mantenido reuniones con 50 municipios.

Por el momento se van a desarrollar planes de integración en Riba-roja, en la plaza Les Xiques de Alcoi, en la zona de Bajo Vías en Sagunt, en la plaza la Ribera en Alzira y el grupo de viviendas de Tomás y Valiente de Burriana.

Las medidas planteadas en los planes de intervención tendrán una continuidad en el tiempo e incorporarán inspecciones que permitan mantener actualizada la identificación de los ocupantes de los inmuebles y sus circunstancias familiares y socioeconómicas, además del estado de las viviendas.

El plan incluye sesiones informativas sobre los mecanismos para afrontar las diferentes circunstancias que se puedan plantear en relación con los contrato como la posibilidad de suscribir acuerdos de aplazamiento de deuda que hayan contraído por impago de rentas o gastos comunitarios o la existencia de bonificaciones en la renta por familia numerosa o por nivel de ingresos.

También está previsto la organización de campañas informativas en relación con las comunidades de propietarios y concienciar a los vecinos de la necesidad de una buena convivencia y mantener los elementos comunes en buen estado.