La Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz ha dado una vuelta de tuerca en la exigencia a los altos cargos para que desnuden su patrimonio ante la ciudadanía. Los miembros del Consell y del segundo escalón estaban obligados a difundir su declaración de bienes y actividades cuando tomaban posesión de su cargo y cuando cesaban.
A partir de ahora tendrán que hacerlo de forma anual. Así consta en el convenio firmado ayer con Transparencia Internacional en una acto celebrado en el Palau de la Generalitat coincidiendo con el día mundial contra la corrupción. La letra pequeña del documento refuerza la exigencia de transparencia para los responsables políticos, un asunto que generó en el bipartito las primeras diferencias, ya que existe reticencias entre algunos cargos a la hora de airear determinada información. De hecho, hoy por hoy y con la ley de transparencia en vigor, no todos los altos cargos han cumplido de forma uniforme con las peticiones de información.
El documento recoge un total de tres puntos donde el Consell se compromete a «elaborar y dar publicidad de forma clara, comprensible y reutilizable». La mayoría de las exigencias están ya en la ley de transparencia (agenda, viajes, regalos de los altos cargos, etc) y otras son compromisos anunciados, tales como el código de buen gobierno. La diferencia es que el organismo internacional estará como garante de que los compromisos se cumplan.
Durante el acto, Alcaraz destacó que la Generalitat no cumplía hasta ahora los criterios de transparencia «no solo a cumplirlos al cien por cien» sino a asumir unos compromisos «especiales».
El president de la Generalitat, Ximo Puig, por su p arte, defendió la iniciativa porque uno de los retos fundamentales es «devolver la confianza y el crédito de la Generalitat a todos los ciudadanos y la respetabilidad en el conjunto nacional e internacional». «El pueblo valenciano es decente y ha visto arrastrada su imagen pública por malas prácticas del pasado», indicó.
Por su parte, el responsable en España de la organización, Jesús Lizcano, defendió el «derecho a saber» de los ciudadanos y valoró que Valencia es la primera autonomía que firma un convenio de estas características.
