El día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente del comité de la ONU que se encarga de revisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 168 países participó en un debate en Valencia organizado por la Universitat. Antes, atendió a Levante-EMV para analizar las carencias del Estado español en la materia, que no son pocas y lanzar un mensaje a quien gobierne el país después de las elecciones: «ninguna persona debe ser discriminada en España. Solo de esta manera el Gobierno cumplirá de forma adecuada su función pública». Ahí queda.
El Comité de Derechos Humanos que usted preside suspendió a España en su último informe. ¿Cuál es el principal reto que debe afrontar el Estado?
Bueno, no suspendió... le hicimos una serie de observaciones. Nos preocupa mucho la falta de aplicabilidad directa del Pacto en España; la necesidad de avanzar en materia de igualdad de género y de hacer frente a la violencia en contra de las mujeres de manera apropiada y de la forma más eficaz, y dentro de esto establecer mecanismos de protección para las mujeres de origen romaní porque hemos detectado alguna dificultad en este sentido; manifestamos preocupación por un proyecto de normativa que intentaba modificar la interrupción voluntaria del embarazado y por el abuso excesivo de fuerza por parte de agentes de policía. También hay mucho trabajo que hacer en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en el tema de las migraciones y en el tratamiento de los inmigrantes.
Bueno... si eso no significa un suspenso...
Bueno sí (risas) el Comité le ha manifestado preocupaciones graves y además reiteradas y, en ese sentido, se puede decir que España no sacó buena nota.
Entre estas peticiones reiteradas... ¿hay alguna que sea muy urgente?
El abordaje sobre los derechos humanos del pasado. Aquí hubo violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del franquismo y la posición del Estado de mantener en vigor la ley de Amnistía de 1977 es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El comité entiende como imprescindible que se lleven a cabo de forma inmediata los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, sobre todo teniendo en cuenta que los familiares son ya muy mayores.
Ha nombrado usted los CIE... ¿es partidario del cierre de estos centros?
No necesariamente. Nosotros no evaluamos la necesidad de la existencia o no de estos centros, pero sí el estado de los mismos. Primero: las personas no pueden ser detenidas por la mera razón de su situación migratoria. Es decir, debe haber algún motivo que acredite la detención. En segundo lugar, allí donde hay centros, el Estado debe asumir una mayor garantía de los derechos de las personas que hay dentro. El Estado se debe comprometer más en relación a las personas que tiene bajo su custodia y nosotros notamos una carencia de derechos allí donde funcionan estos centros. Y eso sí nos parece preocupante.
Y si el Estado asegura que sí ofrece esas garantías, aunque haya denuncias que aseguran lo contrario... ¿qué se puede hacer?
Hay que tramitar debidamente las denuncias, enjuiciar y sancionar a las personas responsables y establecer mecanismos muy muy fuertes de garantía efectiva de derechos a través de los agentes que tienen que intervenir en esos centros. De lo contrario, el Estado puede caer en responsabilidad internacional.
Uno de los principales problemas de la Comunitat Valenciana son los desahucios... ¿son una violación de derechos humanos?
Cuando se dan en la situación falta de garantías en el marco del derecho procesal, sí. Y esto lo ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que resolvió el primer caso individual de su historia estableciendo la responsabilidad de España por violación del pacto de derechos en un desahucio.
¿Es posible hacer efectivos los derechos humanos cuando los recursos son limitados?
Sí, porque los recursos no son limitados... en todo caso están mal distribuidos. No creo que haya escasez de recursos cuando dentro de los Estados existen marcos de corrupción. Por supuesto que sin recursos es más difícil, pero el deber de garantizar los derechos humanos existe para todas las personas que cumplen una función pública y en este sentido hay muchísimas acciones que no requieren de recursos materiales y tienen mucho que ver sobre cómo se abordan. Desde quien atiende en una oficina pública hasta quien da clases en una escuela o quien atiende en un hospital. En esos casos no es falta de recursos, es falta de humanidad.
